El escándalo por corrupción que salpica al presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, siguió creciendo hoy con la publicación de
detalles de la “contabilidad B” de su partido que apuntan a un
financiamiento ilegal.
Tras la revelación de documentos manuscritos que confirman el pago de
sobresueldos a la cúpula del Partido Popular (PP), incluidos Rajoy y su
secretaria general, María Dolores de Cospedal, la sangría de información
comprometedora para la fuerza gubernamental no cesa.
De acuerdo con los nuevos fragmentos de las cuentas del ex tesorero del
PP Luis Bárcenas, que publicó hoy el diario El País, el 70% de los
ingresos registrados entre 1990 y 2008 como donativos vulneraron la ley
de financiación de partidos políticos.
Bárcenas está procesado por evasión fiscal en el marco del famoso caso
“Gürtel”, la trama de corrupción destapada en 2009 que pagaba
comisiones al PP a cambio de contratos públicos, principalmente en las
regiones de Madrid y Valencia, gobernadas por ese partido.
Ante la aparición de los documentos manuscritos y la confirmación de la
información que consta en ellos por algunos dirigentes "populares", el
fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dijo hoy que la
fiscalía “está investigando” la contabilidad del PP y no descarta llamar
a declarar a los miembros de la cúpula del partido implicados en el
caso de corrupción.
Existen dudas sobre si el del pago de sobresueldos y financiación ilegal
debe ser investigado como parte de la trama Gürtel o en forma separada,
añadió el fiscal Torres Dulce.
La fiscalía anticorrupción emitió posteriormente un comunicado en el que
afirmó que por el momento no ve indicios para vincular el dinero de las
cuentas de Bárcenas descubiertas en Suiza -22 millones de euros- con la
supuesta “Caja B” del PP, aunque se está investigando y si encuentra
conexión remitirá la información a la Audiencia Nacional.
No obstante, el Ministerio fiscal pide al juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, que cite a declarar a Luis Bárcenas.
Por su parte, el opositor Partido Socialista (PSOE) anunció que pedirá
al Tribunal de Cuentas una revisión extraordinaria de la cuentas del PP y
que, de haber alguna ilegalidad, consideró “obvio” que Rajoy debería
dimitir.
La plana mayor del PP pasó de negar la información referente al cobro de
sobresueldos revelada por los diarios El País y El Mundo y apuntar a
una “conspiración”, a evaluar qué medidas tomar ante las dimensiones que
adquirió el caso de corrupción.
Rajoy, que aún no dio la cara, convocó una reunión de la cúpula del PP
para mañana y al finalizar dará una conferencia de prensa para contener
la indignación de los españoles, que ya comenzaron a pedir su renuncia
en la calle, en las redes sociales y con la recolección de firmas a
través de Change.org, que consiguió más de 450.000 adhesiones en menos
de 48 horas, un récord histórico para esta plataforma.
La “número dos” del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, negó
que el escándalo de corrupción, que está dando la vuelta al mundo, esté
afectado al Ejecutivo a nivel institucional, al tiempo que defendió la
honestidad e idoneidad de Rajoy.
Sin embargo, los manuscritos de la “contabilidad B” del PP que salieron a
la luz arrojan sospechas sobre Rajoy, cuyo nombre aparece en la lista
de receptores de pagos trimestrales o semestrales cuya cifra anual
asciende a los 25.200 euros.
Por otro lado, los nuevos detalles que se desprenden de los documentos
publicados revelan que de los 7,5 millones de euros que aparecen en la
contabilidad B del PP, 5 millones incumplían con la legislación entonces
vigente –Ley de Financiación de Partidos, que rigió entre 1987 y 2000-.
La normativa establece que los partidos no pueden recibir de la misma
persona física o jurídica cantidades superiores a los 10 millones de
pesetas (60.101 euros) al año. El límite subió después a 100.000 euros,
pero el PP también se lo saltó.
También estaban prohibidos los aportes de empresas que hagan servicios o realicen obras para la administración pública.
En las cuentas de Bárcenas, las mayores cantidades de dinero proceden de
grandes constructoras españolas, que realizaron obras públicas.
En la lista destacan los conocidos empresarios como Juan Miguel Villar
Mir, presidente de OHL –candidato derrotado en las últimas elecciones a
la presidencia del Real Madrid-, y Luis Rivero, ex presidente de Sacyr
Valle hermoso, segundo accionista de Repsol, ambos con aportes en torno a
los 500.000 euros.
Pero los que más dinero otorgaron al PP son el malagueño José Luis
Sánchez, fundador y presidente del grupo Sando, con 1,5 millones de
euros, y el andaluz Manuel Contreras, de AZVI, con 1 millón de euros.
De los que figuran en la lista sólo tres están imputados en la trama de
corrupción “Gürtel”: Pablo Crespo, Juan Cotino (de Sedesa) y Alfonso
García Pozuelo, de Constructora Hispánica.
Mientras la cúpula del PP parece estar digiriendo aún la gravedad de la
situación, los políticos de base comenzaron a reaccionar y bajarse del
barco antes de que se hunda, como los concejales por Gijón (Asturias)
Eduardo Junquera y por Galdakao (País Vasco), David Pasarin Gegunde.
Fuente: Télam
viernes, 1 de febrero de 2013
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