El pasado 23 de enero, el Parlamento catalán aprobó por mayoría absoluta una declaración que proclama al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”, como paso previo a la celebración de un referendo de independencia de la norteña región respecto a España en 2014.
El Ejecutivo central del derechista Partido Popular (PP) aseguró entonces que la declaración no tenía “efectos jurídicos ni consecuencias prácticas inmediatas”, pero después ordenó un informe jurídico para cubrirse de futuras decisiones de los catalanes y cortar de cuajo sus intenciones.
“La Abogacía del Estado aprecia argumentos favorables para la interposición de recursos de inconstitucionalidad”, anunció hoy en conferencia de prensa la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tras recibir el solicitado informe.
La “número dos” del Ejecutivo indicó que ahora se pedirá opinión al Consejo de Estado- máximo órgano consultivo del gobierno- aunque subrayó que el informe de la Abogacía del Estado es “determinante”.
Reacciones
La reacción desde Cataluña no se hizo esperar. “No se entiende cómo se
impide o se quiere impedir una expresión que es democrática y de acuerdo
con las leyes simplemente porque su contenido no gusta”, dijo el
portavoz del gobierno conservador catalán, Francesc Homs.“Atentan contra lo más básico de nuestras instituciones en un Estado democrático y de derecho”, subrayó Homs, quien calificó de “gravísima” la decisión del gobierno español.
En respuesta a las palabras de Homs, Sáenz de Santamaría sostuvo que “la voluntad democrática constitutiva de España es la Constitución y lo más democrático que se me ocurre es cumplir las leyes. La democracia en un Estado de derecho es eso”.
“Este gobierno cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes”, remarcó la vicepresidenta.
Por su parte, la formación ecosocialista Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que votó a favor de la declaración soberanista, pidió al gobierno de Rajoy que se ocupe más de la corrupción en su partido, y “no intente taparla” hablando del tema de la soberanía de Cataluña.
Antecedentes
Durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el
Tribunal Constitucional ya anuló los artículos del Estatuto de Autonomía
aprobado en 2006 por los catalanes donde se hacía referencia a Cataluña
como “nación”, lo que generó un fuerte malestar en la sociedad
catalana.La nueva declaración –cuarta similar del parlamento regional- declara a Cataluña “sujeto político y soberano”, lo que para la Abogacía del Estado “tiene efectos jurídicos porque reconoce la soberanía del pueblo catalán y no al español”, explicó Sáenz de Santamaría.
El presidente del gobierno catalán, Artur Mas, de la conservadora Convergencia i Unió (CiU) y la opositora Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principales impulsores del referendo, contaban con que el gobierno de Rajoy impugnaría esa ley, pero no tenían claro que actuaría contra la declaración soberana del Parlamento regional.
Fuente: Télam
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