El de Malvinas, explicó Timerman, no es un caso más de colonialismo, sino una situación que pone a prueba la justicia de todo el sistema internacional, pues es inaceptable que por su poderío militar o por formar parte del club de las grandes potencias algunos Estados hagan caso omiso de las resoluciones de Naciones Unidas.
La valoración aludía de ese modo al hecho que aún cuando desde 1965 a esta parte la ONU aprobara más 40 dictámenes que demandan restablecer el diálogo entre Buenos Aires y Londres, este último hace caso omiso del mandato de la comunidad internacional.
A ello debe añadirse que pese al explícito rechazo expuesto en 1985 por el máximo organismo mundial a la aplicación, en el caso de las Malvinas, del derecho de autodeterminación, el gobierno británico se escuda precisamente en este principio para convocar un referendo entre los isleños.
La consulta, prevista para marzo próximo y en la cual se consultará a los "kelpers" si desea que las islas conserven su estatus político actual como un Territorio de Ultramar del Reino Unido, "no tiene ningún valor legal", sostuvo Timerman, quien estimó que la acción "tiene el espíritu de hacer una campaña publicitaria".
Quienes deseamos un mundo más justo, donde el derecho se imponga a la prepotencia militar, redoblemos esfuerzos para que el Reino Unido reanude negociaciones, insistió el canciller.
ANTES DE LONDRES
El viaje del ministro argentino de Exteriores a Londres estuvo precedido por la publicación de una carta de éste dirigida a su par británico, William Hague, quien condicionó la posible realización de un encuentro a la participación en él de una representación de los colonos ingleses.
Las Naciones Unidas, recordó la misiva, solo reconoce al Reino Unido y Argentina como parte de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por lo tanto incluir una tercera parte no sería correcto.
"Cualquier otra forma de proceder -sostuvo Timerman ya en Londres- sería avalar un acto de usurpación y aceptar que los habitantes de las islas se transformen en árbitros de una disputa territorial de la cual su propio país es parte".
El prolongado diferendo territorial entre Argentina y Gran Bretaña se vio agudizado el pasado año por la creciente actividad militar desplegada por la potencia europea en las Malvinas y sus mares circundantes, así como por el fomento de actividades ilegales de exploración y explotación de los recursos naturales existentes allí.
Casi a fines de 2012, además, el Reino Unido agregó un nuevo ingrediente a la discordia al resolver bautizar con el nombre de Tierra de la Reina Isabel un área de la Antártida de unos 437 mil kilómetros cuadrados perteneciente a la Argentina, pero que los británicos se adjudican por la posesión ilegal que ejercen sobre las Malvinas.
En enero último, por añadidura, el Gobierno argentino se vio obligado a repudiar las amenazas militaristas del primer ministro británico, David Cameron, quien aseguró que Londres estaría dispuesto a luchar si fuera necesario para conservar las Malvinas.
La agresividad de las palabras de Cameron ratifican la denuncia realizada por Argentina ante las Naciones Unidas sobre la militarización del Atlántico Sur y la posible presencia de armas nucleares introducidas por la potencia colonial, subrayó entonces la cancillería local en un comunicado.
En declaraciones al canal de televisión BBC1, Cameron se vanaglorió además de tener "importantes medios de defensa" y consideró "absolutamente primordial" mantener aviones de caza y tropas estacionados en el territorio en disputa.
Al respecto, la nota instó a Cameron a no utilizar "los legítimos y pacíficos reclamos" argentinos contra la usurpación de parte de su territorio y en contra del colonialismo como excusa para seguir sosteniendo la industria armamentista, en lugar de paliar la severa crisis social que afecta a Europa.
* Corresponsal de Prensa Latina en Argentina
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