La Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto que declara de
interés público la protección de las participaciones sociales del Estado
que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario
(FGS).
La Cámara de Senadores aprobó hoy y giró a Diputados un proyecto de Ley
que declara de interés público la protección de las participaciones
sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de
Garantías Solidario (FGS) y de las participaciones accionarias de
empresas en las que posee acciones en su poder.
La iniciativa -que fue aprobada con 39 votos a favor y 22 en contra-
prohíbe la transferencia al sector privado de esas acciones sin previa
autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus
miembros.
La finalidad de la iniciativa es preservar la sustentabilidad del Fondo y
“promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de
los directores que representan al Estado Nacional o al FGS para que la
realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el
interés público comprometido en las participaciones societarias”.
También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE) que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las
políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios
de las participaciones accionarias o de capital de las empresas
comprendidas en el proyecto.
La ANPEE tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a
las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
Se busca “contribuir a la coordinación estratégica de la política
económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e
integral de las empresas en que participa en forma minoritaria” a
través del FGS o del Ministerio de Economía.
La agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo,
previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de
Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de
Diputados y ocho del Senado.
El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el
Director Ejecutivo de ANSES, dos directores designados por el PEN (uno
será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos
directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o
primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
Además, crea un consejo consultivo como asesor del Directorio que estará
integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del
Ministerio de Industria, un integrante de la ANSES y uno de la CGT.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos
por otro período. Sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la
causa de la remoción es una situación de ilegalidad vinculada con una
infracción a la Ley de Ética Pública.
Pero, si se trata de mal desempeño de sus funciones, podrá ser
desplazado de su puesto por decisión de las 2/3 partes de los miembros
de la Bicameral.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista
bonaerense Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que “lo que se busca es
poner mucha mayor protección a lo que son importantes participaciones
que tienen los argentinos en importantísimas empresas privadas”.
El legislador sostuvo que se le da una “fuerte intervención al Congreso
Nacional” para que “cualquier cambio deba tener un fuerte consenso”.
“No es verdad que esta ley busque impedir la venta de estas acciones. Lo
que hace este proyecto es que cualquier decisión que se tome sea
fundada de tal manera que sea el Parlamento el que decida”, sentenció.
En ese sentido, explicó que “no se están impidiendo las ventas, sino el regalo del conjunto del patrimonio de los argentinos”.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel
Ángel Pichetto, sostuvo que “si hay algo que distinguió a este gobierno
es que siempre tuvo una mirada muy sensible dirigida a los sectores
populares”.
“Estamos poniendo una mayoría especial en el proyecto para defender las
acciones que son propiedad del Estado argentino”, agregó Pichetto.
En cambio, la radical mendocina Laura Montero fustigó el proyecto
argumentando que no tiene “ninguna razonabilidad” porque se trata de un
“electoral y oportunista con la plata de los jubilados que no están de
acuerdo con el modo en que funciona el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad”.
“¿Cuál es la razonabilidad? Están votando una ley por mayoría simple que
pide mayorías agravadas para la venta de las acciones y así preservar
la participación del Estado en las empresas”, concluyó Montero.
En tanto, la puntana Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente,
también rechazó el proyecto argumentando que se trata de “un portafolio
de inversiones” cuya “principal característica es su movilidad” ya que
“su inmovilidad implica una baja en la cotización”.
“La verdad es que está de moda crear agencias de empleo para el gobierno
que se va y garantizarles lugares en las 46 empresas donde tienen
directores”, sentenció.
En cambio, el representante del Movimiento Popular Neuquino e integrante
el peronismo federal, Guillermo Pereyra, criticó el proyecto al decir
que “no es bueno crear un organismo como el ANPEE, aunque reconoció que
iba a votar a favor porque la nueva agencia iba a “preservar el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad”.
Fuente: Télam
miércoles, 16 de septiembre de 2015
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