A la opinión pública:
Ante las reiteradas muertes y episodios de violencia contra miembros del Pueblo qom,
investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios de
diferentes universidades nacionales e internacionales y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que
desarrollamos nuestras actividades junto a los Pueblos indígenas así
como organizaciones sociales y artistas entre otros queremos, una vez
más, manifestar nuestra más profunda preocupación por la situación que
vive el Pueblo qom, y particularmente la comunidad Potae Napocna Navogo h (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.
Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada
al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la
restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió
con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con
la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los
que se encontraron mujeres, ancianos y niños. En dicha represión las
viviendas de los manifestantes fueron incendiadas por la policía
provincial así como todas sus pertenencias. Este hecho tuvo grandes
repercusiones a nivel nacional cuando Félix Diaz, qarashe de la
comunidad, se trasladó a Buenos Aires para pedir justicia al gobierno
nacional. A mediados del 2011 el gobierno nacional acordó avanzar en la
resolución del conflicto territorial y garantizar la seguridad de la
comunidad.
No obstante, en estos dos años no se ha avanzado en la restitución
del territorio usurpado a la comunidad. El territorio tradicional de la
comunidad continúa ocupado por una familia no-indígena, por la provincia
de Formosa y por el Estado Nacional, a través del Parque Nacional
Río Pilcomayo.
A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han
sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente. A ese
cuadro de situación se suma el hecho de que los miembros de esta
comunidad siguen enfrentando múltiples investigaciones penales en las
que resultan criminalizados por las luchas y protestas que emprendieron.
Los permanentes actos de violencia que padecen difícilmente pueden
ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio
tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad
comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la
reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la
persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la
comunidad se incrementaron de forma alarmante. Cabe señalar que esta
situación ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la cual el 21 de abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida de
Félix Diaz, su familia y los miembros de la comunidad “contra posibles
amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la
fuerza pública u otros agentes estatales”. No obstante, la violencia
contra la comunidad continua.
Gran parte de los territorios donde se asientan comunidades
indígenas están siendo disputadas por intereses ligados al modelo de
desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y a los negocios
inmobiliarios, incluso estando vigentes leyes nacionales que protegen a
los territorios indígenas. Los derechos territoriales quedaron
plasmados en el derecho argentino cuando en 1994 se incorporó el
nuevo art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional y con la ratificación o
adopción de un conjunto de instrumentos de derechos humanos entre los
que se destacan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo que
prevalece es una brecha de implementación entre la normativa indígena y
la realidad que viven los Pueblos indígenas en nuestro país.
Claro ejemplo de ello lo constituye la falta de implementación en
la provincia de Formosa de la ley 26.160/26.554 de Emergencia
Territorial de las Comunidades Indígenas que dispuso el inicio de un
proceso de relevamiento dominial de las comunidades indígenas y la
suspensión del desalojo de sus tierras. Las comunidades indígenas de la
provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento
territorial con participación indígena y bajo la modalidad centralizada,
sólo a cargo del INAI dada la desconfianza en las
autoridades provinciales.
Finalmente, queremos denunciar que la violencia que padecen los
indígenas qom no se manifiesta sólo en la agresión física y
el hostigamiento. También es ejercicio de la violencia la discriminación
y la vulneración de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a
la alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre
determinación de sus autoridades. Esta es una situación extendida y
lejos de vivirse con pasividad, es el foco de reclamos de las
comunidades y sus líderes, en distintos puntos de la región Chaqueña,
quienes generan modos de auto organización logrando resolver algunos de
los problemas puntuales con escasos recursos.
A raíz de la ola de violencia contra el Pueblo qom queremos
manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de
la comunidad Potae Napocna Navogo h y de todas aquellas comunidades
indígenas que están defendiendo sus derechos humanos básicos y sus
derechos territoriales ante las nuevas modalidades de ocupación.
Por todo ello reclamamos:
‐ La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.
‐ La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos
humanos para garantizar la transparencia de las investigaciones sobre
dichos casos.
‐ El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.
‐ Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.
‐ Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogo h.
‐ La implementación de la Ley 26.160/26.554 con
efectiva participación indígen a y bajo la modalidad centralizada que
ellos reclaman.
‐ El respeto irrestricto a los derechos indígenas.
‐ La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.
La violación y/o el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos
indígenas consagrados en la Constitución Nacional Argentina, constituyen
un grave retroceso en la vida democrática de la sociedad argentina.
Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, mediante la
presente, ponemos a disposición nuestras experiencias de investigación a
fin de efectuar los aportes que contribuyan a lograr una solución
definitiva a la vulneración del estado de derecho que ha afectado no
sólo a los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, sino también a otras comunidades y Pueblos indígenas del país.
Fuente: Pressenza
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