La sociedad guatemalteca hoy es testigo de un hecho histórico, por primera vez en nuestro país, se dicta apertura a juicio por genocidio y delitos contra deberes de humanidad, señala un comunicado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
Este paso hacia la justicia es de suma importancia para las miles de personas sobrevivientes de las masacres en Guatemala, consideran ambas organizaciones querellantes en este caso para el cual el juez Miguel Ángel Gálvez convocó para este miércoles el debate oral y público con el propósito de conocer las pruebas.
"Valoramos positivamente lo actuado por el Juzgado de Mayor Riesgo B y esperamos que si la defensa de los exgenerales apela a otras instancias, estas actúen apegado a derecho y tomando en cuenta lo ya resuelto", señala el comunicado emitido por ambas organizaciones
Según consideran la AJR y el Caldh, la resolución presentada este lunes envía un mensaje de esperanza en la justicia a quienes aún padecen las consecuencias de la guerra civil guatemalteca y a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de 1960 a 1996.
"Esperamos que el caso continúe tramitándose conforme lo establece la ley y pronto podamos tener el juicio contra quienes ordenaron el genocidio en Guatemala", concluye la comunicación.
Por su parte, Francisco Palomo, uno de los abogados defensores del exgobernante de facto de 1982 a 1983, ha manifestado a la prensa que espera un juicio justo y no un linchamiento.
La semana pasada el fiscal Orlando López ratificó las pruebas de cargo y las acusaciones en contra de ambos exmilitares.
López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983 durante el régimen militar encabezado por el primero.
Fuente: Prensa Latina
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