El
movimiento de los “indignados”, así como los sindicatos y la “izquierda
plural”, denuncian que el BCE es, junto con la Comisión Europea (CE) y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el responsable de las políticas
de ajustes, privatizaciones y reformas neoliberales que se están
imponiendo en la zona euro y que en España están llevando al país hacia
un precipicio.
Sin embargo, los activistas aseguran que no caerán en la confrontación a la que quieren conducirlos las autoridades, por lo que celebrarán a partir de hoy una “cumbre alternativa” en el Parque Joan Miró, lejos de la reunión del BCE.
Asimismo, realizarán cacerolazos para expresar su “indignación" en repulsa de la entidad y contra el estado de excepción en que se ve sumida Barcelona por la celebración de esta cumbre.
Más de 8.000 agentes de policías participan del dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los asistentes a la reunión del BCE y, especialmente, para hacer frente a las protestas de grupos anticapitalistas después de los actos violentos ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo.
A raíz de aquellos hechos, las autoridades catalanas procedieron al arresto de varias personas, entre ellas dirigentes sindicales y universitarios, a las que se le atribuyen haber participado de actos violentos durante la protesta.
Cuatro manifestantes se encuentran aún en prisión preventiva, en el marco de esta escalada represiva que incluyó la inédita publicación en una página web de la policía de la fotografía de 68 personas supuestamente involucradas en “actos de violencia callejera”, para cuya identificación se apelaba a la colaboración ciudadana.
El sábado 28 de abril España suspendió el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas entre los países de la Unión Europea (UE) durante una semana, con motivo de la reunión del BCE y con el objetivo de controlar el ingreso a España de activistas.
Durante las primeras 104 horas de suspensión del acuerdo, la policía arrestó a 17 personas en la frontera norte con Francia y en los aeropuertos de Barcelona y Girona, y negó el ingreso a España de otras 43 personas, según se informó oficialmente.
La desproporcionada actuación policial se vio reflejada también ayer durante la manifestación “alternativa” del 1 de Mayo celebrada en Barcelona, donde la policía realizó registros callejeros y controles de identidad a los manifestantes.
En tanto, esta mañana la policía autónoma –Mossos d´Esquadra- desplegó un fuerte dispositivo, que incluye un corredor de seguridad de 25 kilómetros entre el aeropuerto de El Prat y el hotel Arts, ubicado sobre la playa, y donde se alojan varias de las autoridades que asisten a la cumbre del BCE.
Helicópteros policiales vigilaban la zona, mientras la policía está presente en todo el recorrido, así como en los puntos neurálgicos del centro de la ciudad condal.
El presidente del BCE, Mario Draghi, ya se encuentra en Barcelona, y se espera que el resto de representantes de los bancos centrales de la zona euro lleguen a lo largo del día, informó la policía.
También el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CICB), que albergará la cumbre, y que está ubicado en una zona rehabilitada conocida como el Forum, está fuertemente custodiado.
La reunión del Consejo de Gobierno del BCE –formado por 17 presidentes de los bancos centrales de la zona euro y seis miembros del Comité Ejecutivo- podría suponer el inicio de un cambio en el discurso de la entidad, que sin abandonar la férrea defensa de la doctrina de la austeridad plantearía con más ímpetu la necesidad de un pacto de crecimiento para la zona euro.
En una reciente intervención en la Eurocámara, Draghi apuntaba en ese sentido al defender una combinación entre austeridad y crecimiento, señalan los analistas.
Sin embargo, no habría novedades en cuanto un cambio en la política monetaria de la UE, puesto que está previsto que se mantenga el tipo de interés estable en el 1%.
En cuanto a España, que en el primer trimestre del año recayó en recesión y registró un nuevo récord de desempleo, del 24,44%, se espera que el BCE respalde las políticas de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy, y que a su vez exija un mayor esfuerzo en la reforma del sistema financiero para sanearlo de los productos tóxicos.
En definitiva, más dinero público para sanear la banca y más deuda a costa de recortes sociales, según denuncian los movimientos sociales.
Fuente: Télam.
Sin embargo, los activistas aseguran que no caerán en la confrontación a la que quieren conducirlos las autoridades, por lo que celebrarán a partir de hoy una “cumbre alternativa” en el Parque Joan Miró, lejos de la reunión del BCE.
Asimismo, realizarán cacerolazos para expresar su “indignación" en repulsa de la entidad y contra el estado de excepción en que se ve sumida Barcelona por la celebración de esta cumbre.
Más de 8.000 agentes de policías participan del dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los asistentes a la reunión del BCE y, especialmente, para hacer frente a las protestas de grupos anticapitalistas después de los actos violentos ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo.
A raíz de aquellos hechos, las autoridades catalanas procedieron al arresto de varias personas, entre ellas dirigentes sindicales y universitarios, a las que se le atribuyen haber participado de actos violentos durante la protesta.
Cuatro manifestantes se encuentran aún en prisión preventiva, en el marco de esta escalada represiva que incluyó la inédita publicación en una página web de la policía de la fotografía de 68 personas supuestamente involucradas en “actos de violencia callejera”, para cuya identificación se apelaba a la colaboración ciudadana.
El sábado 28 de abril España suspendió el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas entre los países de la Unión Europea (UE) durante una semana, con motivo de la reunión del BCE y con el objetivo de controlar el ingreso a España de activistas.
Durante las primeras 104 horas de suspensión del acuerdo, la policía arrestó a 17 personas en la frontera norte con Francia y en los aeropuertos de Barcelona y Girona, y negó el ingreso a España de otras 43 personas, según se informó oficialmente.
La desproporcionada actuación policial se vio reflejada también ayer durante la manifestación “alternativa” del 1 de Mayo celebrada en Barcelona, donde la policía realizó registros callejeros y controles de identidad a los manifestantes.
En tanto, esta mañana la policía autónoma –Mossos d´Esquadra- desplegó un fuerte dispositivo, que incluye un corredor de seguridad de 25 kilómetros entre el aeropuerto de El Prat y el hotel Arts, ubicado sobre la playa, y donde se alojan varias de las autoridades que asisten a la cumbre del BCE.
Helicópteros policiales vigilaban la zona, mientras la policía está presente en todo el recorrido, así como en los puntos neurálgicos del centro de la ciudad condal.
El presidente del BCE, Mario Draghi, ya se encuentra en Barcelona, y se espera que el resto de representantes de los bancos centrales de la zona euro lleguen a lo largo del día, informó la policía.
También el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CICB), que albergará la cumbre, y que está ubicado en una zona rehabilitada conocida como el Forum, está fuertemente custodiado.
La reunión del Consejo de Gobierno del BCE –formado por 17 presidentes de los bancos centrales de la zona euro y seis miembros del Comité Ejecutivo- podría suponer el inicio de un cambio en el discurso de la entidad, que sin abandonar la férrea defensa de la doctrina de la austeridad plantearía con más ímpetu la necesidad de un pacto de crecimiento para la zona euro.
En una reciente intervención en la Eurocámara, Draghi apuntaba en ese sentido al defender una combinación entre austeridad y crecimiento, señalan los analistas.
Sin embargo, no habría novedades en cuanto un cambio en la política monetaria de la UE, puesto que está previsto que se mantenga el tipo de interés estable en el 1%.
En cuanto a España, que en el primer trimestre del año recayó en recesión y registró un nuevo récord de desempleo, del 24,44%, se espera que el BCE respalde las políticas de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy, y que a su vez exija un mayor esfuerzo en la reforma del sistema financiero para sanearlo de los productos tóxicos.
En definitiva, más dinero público para sanear la banca y más deuda a costa de recortes sociales, según denuncian los movimientos sociales.
Fuente: Télam.
0 comentarios:
Publicar un comentario