Se aceleran los pasos para la creación de una Corte Penal Internacional en el ámbito de la UNASUR.
Así lo demuestran diversas acciones emprendidas por los representantes de los países que integran el bloque: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Uno de los más entusiastas es el Gobierno ecuatoriano, cuyo Fiscal General, Galo Chiriboga, estuvo de visita en Madrid con la petición de apoyo a autoridades judiciales españolas para la creación del ente internacional. Este encuentro se realiza un mes luego de que ministros de Defensa, Justicia y Exteriores de los países del bloque se reunieran en Colombia para promover el refuerzo de la lucha contra el crimen organizado a nivel trasnacional.

Complemento al sistema internacional de Justicia
Desde Estados Unidos, Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso Legal, considera que la Corte Penal Internacional de Unasur, de ser ratificada por todos sus integrantes, sería de suma importancia para la lucha contra la impunidad.
Independientemente de si existe un sistema universal o un sistema interamericano para juzgar graves crímenes, para Arteaga “lo más importante es que exista la voluntad de todos los Estados de poder adherirse a un sistema que juzgue a los propios responsables”.
Arteaga recuerda que en la actualidad, la gran mayoría de los países de América Latina aún no ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, sigue siendo un enorme reto en América Latina el poder juzgar los graves crímenes de lesa humanidad. “En ese sentido nosotros creemos que sería muy importante que cada vez más países puedan ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional”.

Delitos trasnacionales
La CPI de UNASUR sería complementaria a los sistemas ya existentes, indica Arteaga. “Contamos con el sistema interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, éste es un sistema que juzga a los Estados y no a las personas individualmente responsables”.
En primera instancia, son los Estados los que deben investigar penalmente, sancionar y procesar a los responsables de violaciones a derechos humanos, sostiene Arteaga. Sin embargo hay delitos de carácter transnacional que podrían ser juzgados bajo una Corte Penal internacional en el ámbito de UNASUR.
“Evidentemente depende de la legislación de cada país, pero se debe tomar en cuenta el sistema internacional de los derechos humanos, particularmente el Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, que define que estos tipos de delitos son las violaciones, las ejecuciones, las desapariciones extrajudiciales, las violaciones sexuales en marco de conflictos armados, las masacres y las torturas”.
Primordial en ello es que los Estados se adhieran a los convenios internacionales. “En primer lugar, los Estados deben mostrar su interés ante la comunidad internacional, suscribiendo este tipo de tratados. Eso pone de manifiesto su voluntad de nunca más repetir las graves violaciones de derechos humanos que han caracterizado a nuestro continente en las décadas pasadas”.
Fuente: Radio Nederland.