Nicolás Blanco.
En distintas regiones de Perú, el 22 de febrero se realizó la Gran Movilización en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y en reclamo de una ley de consulta previa sobre las decisiones que afecten a sus territorios. La misma, se llevó a cabo de manera pacífica, a pesar de la provocación que significó el desproporcionado despliegue policial y militar.
Pressenza, Lima. Convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONCAMI) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), entre otras agrupaciones, las movilizaciones pacíficas se desarrollaron en rechazo a la actitud “intolerante, represiva y antiindígena” del actual gobierno, según declaraciones de los organizadores, y en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
El gran despliegue militar y policial, ordenado por el gobierno a través de un decreto de urgencia que autorizó el empleo de milicias del Ejercito en apoyo a la policía “para la seguridad del país”, y así evitar, según palabras del primer ministro Javier Velásquez Quenquén, “otro baguazo”, fue de dimensiones desproporcionadas y recibida como una provocación, a la cual los manifestantes hicieron vacío mientras continuaban la marcha de manera no violenta.
Además, se pidieron respuestas a los reclamos que vienen realizando desde el año pasado y que desataron la represión en Bagúa. Las exigencias que sostienen las comunidades son: la derogación de decretos legislativos que autorizan emprendimientos en territorios pertenecientes a los pueblos amazónicos y la sanción de una ley de consulta previa a las comunidades sobre las decisiones que afecten a sus territorios, entre otros.
Como respuesta a una serie de proyectos de infraestructura, que el gobierno quiere implementar en sus territorios, los indígenas anunciaron la posibilidad de un paro indefinido.
Por otra parte, la manifestación rechazó el informe sobre los acontecimientos del último 5 de junio en Bagua, presentado por Adolfo de Córdoba, Ministro de Agricultura, en los cuales la policía desalojó a nativos amazónicos que bloqueaban la carretera, dejando tras el enfrentamiento un saldo de, al menos, 30 indígenas y 24 policías.
Dicho informe sostiene que las comunidades indígenas fueron manipuladas por fuerzas políticas, a lo que las organizaciones de pueblos originarios respondieron que no fueron manipuladas y que tampoco se los invitó a participar de la elaboración del documento.
La mayor convocatoria se registró en las localidades amazónicas de Jaén, Yurimagas, capital de la Provincia de Alto Amazonas (Loreto), donde participaron alrededor de dos mil personas, las zonas altas de Piura (Huancabamba y Ayabaca), además de algunas localidades de Lambayeque y La Libertad.
En Lima, la capital peruana, manifestantes costeños, andinos y amazónicos realizaron una marcha que culminó en la sede del Congreso de la República.
Fuentes: Pulsar/CNR/CEPES/SERVINDI
Imagen: congresista Juana Huancahuari Páucar (SERVINDI).
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