Por María Julia Mayoral.
México, 13 feb (PL). Un proyecto de reforma constitucional, recién presentado en el estado de Tlaxcala para prohibir el aborto, señala la continuidad de las amenazas contra la salud reproductiva de las mujeres en diversas partes de México.
El Pleno del Congreso en ese territorio examinó el texto con el apoyo mayoritario de los legisladores y ahora se halla en manos de la correspondiente Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión.
A raíz de conocerse el hecho, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, y la secretaria general, Hortensia Aragón, enviaron una carta a los congresistas de Tlaxcala y de otros estados donde buscan la aprobación de leyes similares.
Según la misiva del PRD, tales acciones ponen en riesgo la vida de las féminas, violentan sus derechos y vulneran el carácter laico del Estado.
La dirección PRD llamó a los parlamentarios de esa agrupación a evitar el avance de las mencionadas propuestas y a promover recursos de inconstitucionalidad en aquellos estados donde están vigentes leyes prohibitivas del aborto.
En declaraciones a la prensa, la directora en Tlaxcala del Colectivo Mujer y Utopía, Rosario Mendieta, reiteró que la modificación prevista va detrimento de las mujeres, quienes deberían tener libertad para decidir sobre su cuerpo.
Activistas sociales pertenecientes al Grupo derecho a decidir, residentes en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Jalisco y Guerrero, divulgaron la víspera una carta de posicionamiento sobre el debate en Tlaxcala.
Las mujeres de México, indica la denuncia, necesitamos del apoyo comprometido de legisladores conscientes, que actúen a favor de la equidad de género. Actualmente, 18 de los 31 estados de México cuentan con legislaciones contra la interrupción del embarazo y el uso de anticonceptivos.
Representantes de organizaciones no gubernamentales pidieron a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados interesarse por el conflicto.
A los ojos de la agrupación Derecho a decidir, los cambios constitucionales para sancionar el aborto significan un grave retroceso al criminalizar a las mujeres, aun en casos de violación, por decidir voluntariamente sobre su maternidad.
La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, consideró que esas leyes contravienen tres principios fundamentales: los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el Estado laico y la doctrina de la persona jurídica.
Incháustegui calificó de aberración jurídica lo que está ocurriendo; en Guanajuato, ilustró, sancionan a privación de libertad por más de 40 años a las mujeres que abortan, cuando existen criminales libres después cumplir cinco años de prisión.
Solamente el Distrito Federal posee una norma legal que reconoce y ampara las prerrogativas de las mujeres a la interrupción del embarazo; aprobada en 2009, la ley generó amplio rechazo en los sectores de derecha y la jerarquía de la iglesia católica.
Fuente: Prensa Latina.
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