Fin a las detenciones arbitrarias, pide Amnistía Internacional.

Según se desprende de un reciente informe de la ONU, decenas de Estados realizan esta práctica, ilegal a todas luces, y que promueve a su vez aberraciones como la tortura y la ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional ha lanzado una petición a todos los Estados para que adopten medidas concretas que pongan fin a las detenciones secretas, tras la publicación de un detallado informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su uso extendido que se justifica con la lucha antiterrorista.
El estudio de la ONU pone de relieve el carácter mundial del problema, citando decenas de países de todos los continentes en los que se practica la detención secreta o se es cómplice de ella a través de redes internacionales de traslados de detenidos y agencias de información.
Las detenciones secretas, como dice con claridad el informe de la ONU, constituyen una serie de violaciones de derechos humanos y “no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia”.
Esta práctica es irreconciliable con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
“La detención secreta no es sólo ilegal en sí misma, sino que permite un abanico de abusos aborrecibles como la tortura y la ejecución extrajudicial”, ha declarado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Los Estados deben actuar con rapidez para poner en práctica las recomendaciones de este importante estudio, a fin de afrontar las detenciones secretas y acabar con ellas y con las violaciones de derechos humanos que conllevan y permiten.”
Amnistía Internacional lleva décadas haciendo campaña contra las violaciones de derechos humanos asociadas a las detenciones secretas en todo el mundo, como la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la ejecución extrajudicial y la privación arbitraria de libertad.
El estudio de la ONU destaca las prácticas de detención secreta en las operaciones de la “guerra global contra el terror” que encabeza Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001.
Amnistía Internacional sigue presionando para que exista una rendición de cuentas real por los abusos, que incluyen delitos tipificados en el derecho internacional, perpetrados por el gobierno de Estados Unidos en el curso de dichas operaciones.

Connivencia con Estados Unidos y la “lucha antiterrorista”.
También se ha instado a los gobiernos que han actuado en connivencia con los programas de entregas y de detención secreta de Estados Unidos a que investiguen las implicaciones para los derechos humanos y penales del papel que han desempeñado.
Esta semana, Amnistía Internacional escribió al fiscal general de Lituania para pedirle que abriera una investigación penal sobre las denuncias de que, entre 2003 y 2005, hubo centros de detención secreta en territorio lituano.
Amnistía Internacional también ha hecho campaña contra otras violaciones de derechos humanos relacionadas con la detención secreta que se justifica con “la lucha antiterrorista”, como la desaparición forzada en Pakistán y la detención secreta o prolongada en régimen de incomunicación de “sospechosos de seguridad” en Arabia Saudí y de personas acusadas de estar implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo en Túnez.
El estudio conjunto fue elaborado por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: la relatora especial sobre el terrorismo y los derechos humanos, el relator especial sobre la cuestión de la tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Amnistía Internacional expresó satisfacción por la decisión de los cuatro Procedimientos Especiales de elaborar un estudio conjunto que les permitiera abordar los aspectos de la detención secreta relacionados con los derechos humanos de un modo integrado y general, y acogió con beneplácito el ámbito geográfico mundial del informe.
Los Procedimientos Especiales presentarán el estudio para que sea sometido a debate por los Estados y la sociedad civil durante el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; la presentación y el debate están previstos para la semana del 8 de marzo.
Amnistía Internacional entregó información a los expertos, y entre el amplio abanico de fuentes citadas en el estudio, figuran investigaciones publicadas por la organización.
Fuente: Corresponsal de paz.