Las organizaciones campesinas del país
denunciaron un proceso de criminalización de sus luchas. Fue tras el
conflicto por tierras iniciado el pasado viernes en la localidad de
Curuguaty que dejó decenas de fallecidos y heridos.
Mientras continúa la búsqueda de personas
fallecidas en la zona, varias organizaciones campesinas se reunieron
este domingo para definir acciones.
Asimismo, las agrupaciones
mantuvieron un encuentro este lunes en el distrito de Curuguaty con
representantes del Gobierno paraguayo.
El jefe del Gabinete
Presidencial, Miguel López, participó de la reunión y señaló que los
hechos ocurridos buscan desestabilizar al Gobierno del presidente
Fernando Lugo.
Asimismo, afirmó que no fueron los campesinos
quienes provocaron los enfrentamientos con la policía, que dejaron 17
personas fallecidas. Entre ellas, 9 campesinos y 8 policías.
Vale recordar que el pasado viernes la policía paraguaya desalojó con orden judicial a un grupo de campesinos que ocupaban tierras de la colonia Yvyra Pyta.
Dicha
hacienda es propiedad del empresario y político del opositor Partido
Colorado, Blas Riquelme. La ocupación era una acción para reclamar los
terrenos en esa zona.
Un informe de la Comisión Verdad y Justicia
de Paraguay presentado en 2008 reveló que las tierras en poder del
empresario habían sido obtenidas en forma irregular.
Se debe a que
el Estado Paraguayo dictaminó que debían pertenecer al Instituto de
Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para la reforma agraria.
Tras
los hechos ocurridos en Curuguaty, el ministro del Interior, Carlos
Filizzola, renunció a su cargo. En su lugar, el Mandatario paraguayo
nombró a Rubén Candida Amarilla. Se trata de un ex Fiscal General del
Estado y miembro del conservador Partido Colorado. (PÚLSAR)
lunes, 18 de junio de 2012
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