El Gobierno de México, a través de la Cancillería de ese país, lamentó que la Suprema Corte de Estados Unidos no haya encontrado elementos para declarar inconstitucional la sección de la Ley SB1070 Arizona que le permite a la policía pedir documentación a cualquier persona que considere sospechosa.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos invalidó este lunes tres de cuatro secciones de la polémica normativa antinmigrante SB1070 de Arizona, aunque mantuvo la posibilidad de verificar la situación legal de sospechosos de estar en el país de manera ilegal.
Para México, la ley SB1070 y otras similares "no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino" por lo que "conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades", reseña el texto oficial de Cancillería publicado por la prensa internacional.
"La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor", agrega el texto oficial.
El Gobierno mexicano cree que la sentencia del Supremo "tendrá amplias implicaciones legales y políticas", al igual que "la posterior interpretación por las cortes estadounidenses de la sección que no fue bloqueada".
Informaron que seguirán luchando por la adopción de esquemas que reflejen la complementariedad de las economías y mercados laborales de América del Norte.
"Para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios deben ser legales, seguros, ordenados, y respetuosos de los derechos humanos", indica el comunicado.
Además, señala que los consulados y la embajada de México en EE.UU. seguirán "manteniendo debidamente informada a las comunidades mexicanas sobre los alcances y efectos de la decisión adoptada y de las que se tomarán en las siguientes etapas de las demandas en curso".
La ley SB1070 de Arizona fue promulgada en medio de un intenso debate sobre su carácter discriminatorio por la entonces gobernadora republicana Jan Brewer, en abril de 2010, con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes.
En un dictamen de 76 páginas, ratificó parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones, lo que representa una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración, reseña la prensa internacional.
Conocida también como la norma SB 1070, fue aprobada por el Parlamento estatal de mayoría republicana y sancionada en abril de 2010 por el gobernador Jan Brewer, del Partido Republicano. Entró en vigor a finales de julio de ese mismo año, pero después fue parcialmente bloqueada.
La ley es rechazada en todo el país y el principal argumento de quienes se oponen a su aplicación es que viola la Constitución estadounidense, ya que con ella Arizona se adjudica competencias en materia de inmigración que le corresponden al Gobierno federal.
Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) calificaron de discriminatoria la ley al considerar que está hecha en contra particularmente "de los inmigrantes y la población latina de los Estados Unidos".
Fuente: teleSUR
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