por Raúl Altuna.
El fallo de la Corte Internacional de la Haya, reavivó la discusión sobre el modelo productivo uruguayo. Una profundización en las causas del conflicto y una mirada seria, que vaya más allá de lo ecológico, es lo que proponen desde los distintos ámbitos nacionales periodistas, políticos, juristas y observadores; se espera un futuro de soluciones y entendimiento.
Pressenza, Montevideo. Un análisis pormenorizado de conveniencias y problemas, ocupa desde ayer a diferentes medios.
Con calma y expectativa, pero con mucha insistencia, los medios informativos Uruguayos, fueron analizando el Fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto de la planta de celulosa, UPM (exBotnia) que se difundió ayer por todos los medios de prensa capitalinos. La semana anterior el presidente Mujica se reunió con la presidenta Argentina para acordar en conjunto, que decir y que hacer a partir del fallo, ahora públicamente conocido.
En Argentina es un tema entre tantos, en Uruguay tiene un tratamiento central, en el que intervienen juristas, politólogos, y dirigentes nacionales por ser un país pequeño.
Existe conformidad con el fallo de la Corte, acerca de la no-contaminación de la planta pastera, cuya instalación fue una mala opción de anteriores gobiernos, que solo ha provocado problemas con los vecinos, entre estos- los ambientalistas de Gualeguaychú- que insisten en no reconocer el fallo arbitral, de un organismo internacional no vinculante, elegido por las autoridades nacionales de aquel país, como forma de dirimir el conflicto.
Instigado por el ex Gobernador de la provincia Argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, quien fracasó por motivos inconfesables en su intento de instalar el proyecto pastero de BOTNIA y otros canadienses, entre 1987 y 1995 en dicha provincia, se declaró en Estado de Guerra cuando los gobiernos Uruguayos de la época –mas prolijos a la hora de tratar con los inversores extranjeros- acordaron la instalación, de este lado del río, del proyecto celulósico.
Mientras tanto, las pasteras del alto Paraná, desde el territorio Argentino, vierten cloro libre provocando un verdadero destrozo en la fauna ictícola y los productores sojeros glifosfato al río Uruguay, dejando tras de sí, la muerte de tucutucus, mulitas y aves.
El corte del puente internacional, en el margen Argentino que une ambos países, presumiblemente seguirá pero queda supeditado a la resolución de una asamblea de vecinos a realizarse en esta semana. Este piquete, irritante para los habitantes de Uruguay, ha sido selectivo… se levanta para que pasen las barras bravas futboleras violentistas… no se ha levantado en casos en que las razones humanitarias eran bien claras. El gobierno Argentino lo admitió pasivamente en este, aunque es violatorio de acuerdos del Mercosur, precisamente por tratarse de un paso internacional.
En Febrero de este mismo año, se acusaba a los vertidos de BOTNIA del sarpullido y erupciones sufridos por ochenta bañistas de Ñandubaysal, balneario de la costa Argentina. Finalmente la causal resultó ser un alto contenido de bacterias fecales vertidas desde la misma costa Argentina, país en el que los controles son inexistentes. Las acusaciones de contaminación seguramente seguirán, aunque no se comprueban, y en ese camino los ambientalistas pierden la oportunidad de exigir un filtro de humos ya que el tratamiento de aguas funciona muy bien. Pero ante las ausencias de pruebas de contaminación química, se argumentó la de contaminación visual. La sola presencia de la planta provoca molestia.
Uruguay incumplió aspectos formales del protocolo del río Uruguay, violó procedimientos, pero no descalifica que esta nación deba pedir permiso a otra para instalar un proyecto industrial. Tampoco señala que por esos errores de procedimiento, Uruguay deba pagar algún tipo de indemnización. Este antipático proyecto a base de dióxido de cloro no contamina y tiene controles más rigurosos que en Europa. El monitoreo conjunto que Uruguay siempre ha ofrecido tal vez se haga realidad y si existe voluntad política los organismos conjuntos empezaran a funcionar mejor.
Solo con una comprensión amplia de las relaciones históricas de estos dos hermanos separados al nacer, es posible entender este conflicto y otros anteriores. La racionalidad y la interpretación del sentido del derecho entre Uruguay y Argentina son y serán diferentes.
En el fondo, lo que está en juego, es el desarrollo de la hegemonía Uruguaya sobre las costas del río potenciando la renovación de sus puertos ribereños, algo que también fue objetado. Esto transformaría a este pequeño país, en llave de la hidrovía, para que Paraguay y Bolivia, países sin salida al mar, lleven al exterior sus productos por este camino.
“Estuvimos doscientos años sin puentes, podemos seguir sin ellos”, volvió a reiterar estos días el presidente MUJICA. Mientras tanto los ambientalistas de Gualeguaychú se pierden con su intolerancia de atender lo central: No hacer valer su derecho a la participación en los organismos de control de una planta industrial, muy controlada pero potencialmente contaminante. Seguir fijados en su relocalización es profundizar el error y debilitar su causa. Para muchos observadores, cuando se instalen en el lado argentino plantas de fabricación de papel, con la celulosa provista desde la Banda oriental, el tema quedaría finalizado. No sería de extrañar que las cosas terminaran de esa manera. Mientras tanto, el modelo pastero, libre de impuestos por estar en una zona franca no sirve y no hace al modelo productivo, simplemente por lo poco que reporta en materia de divisas y ocupación, y por la interminable catarata de problemas que están a la vista.
Imagen: José Mujica, Presidente de Uruguay.
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