La
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) reclamó un
"compromiso irrestricto de las autoridades con la justicia" frente a la
matanza de Curuguaty, donde el viernes refriegas entre policías y
campesinos que ocupaban una hacienda causaron 17 muertos y decenas de
heridos y desaparecidos.
El pronunciamiento de la coordinadora exigió primero "el rescate de todas las personas que pudieran estar aún heridas en el lugar donde se desarrolló el enfrentamiento y que los organismos del Estado proporcionen informaciones completas sobre las personas detenidas a fin de impedir más violaciones de derechos humanos".
En el texto, recogido por la estatal agencia noticiosa IP, el organismo llamó “a colocar en contexto y perspectiva” el episodio, el cual “exige profundos cambios y un compromiso irrestricto de las autoridades, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía con la justicia y la garantía de los derechos humanos”.
El documento reclamó además "acciones concretas para la recuperación de tierras malhabidas en el marco de una política de reforma agraria integral".
En este sentido, señaló que la lucha por la tierra en el Paraguay "parte de una larga historia de entrega de soberanía, corrupción, exclusión, expulsión y represiones al campesinado pobre, que constituyen el caldo de cultivo de hechos violentos".
La organización recordó que sólo entre 1989 y 2005 se documentaron 77 casos de asesinatos y desapariciones impunes de campesinos en el marco de la lucha por la tierra.
"La injusticia prolongada a que se ha sometido a gran parte de la población paraguaya por tanto tiempo sólo puede generar más violencia", consignó el documento.
La Codehupy lamentó además que “una vez más sean las personas de sectores más humildes de la sociedad quienes se enfrentan entre sí e incluso mueren bajo el supuesto de la defensa de la propiedad privada, cuando en realidad se trata de la defensa de los privilegios y de la impunidad de sectores poderosos y corruptos”.
La Codehupy rechazó la designación de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, “pues fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que actuó como Fiscal General del Estado”.
“Su nombramiento permite anticipar un tiempo de mayor persecución y criminalización de las luchas sociales”, aseguró.
La coordinadora deploró la insistencia de sectores de poder y de la prensa “en criminalizar la lucha social, desconociendo la relevancia de que las organizaciones campesinas, de sintierra y de otros sectores afectados por la exclusión, se organicen y exijan cambios orientados a una mayor justicia social y a la profundización de la democracia”.
Finalmente, reprobó el recurso a la violencia armada como método para resolver los conflictos sociales en el Paraguay, y exhortó a la resolución de conflictos en un marco de convivencia pacífica y de respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas".
El viernes último, policías ingresaron a una hacienda de Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, para desalojar a un grupo de campesinos que ocupaban ilegalmente esas tierras, pero la acción devino en un tiroteo con los labriegos que causó la muerte de al menos 11 pobladores y seis uniformados.
Fuente: Télam.
El pronunciamiento de la coordinadora exigió primero "el rescate de todas las personas que pudieran estar aún heridas en el lugar donde se desarrolló el enfrentamiento y que los organismos del Estado proporcionen informaciones completas sobre las personas detenidas a fin de impedir más violaciones de derechos humanos".
En el texto, recogido por la estatal agencia noticiosa IP, el organismo llamó “a colocar en contexto y perspectiva” el episodio, el cual “exige profundos cambios y un compromiso irrestricto de las autoridades, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía con la justicia y la garantía de los derechos humanos”.
El documento reclamó además "acciones concretas para la recuperación de tierras malhabidas en el marco de una política de reforma agraria integral".
En este sentido, señaló que la lucha por la tierra en el Paraguay "parte de una larga historia de entrega de soberanía, corrupción, exclusión, expulsión y represiones al campesinado pobre, que constituyen el caldo de cultivo de hechos violentos".
La organización recordó que sólo entre 1989 y 2005 se documentaron 77 casos de asesinatos y desapariciones impunes de campesinos en el marco de la lucha por la tierra.
"La injusticia prolongada a que se ha sometido a gran parte de la población paraguaya por tanto tiempo sólo puede generar más violencia", consignó el documento.
La Codehupy lamentó además que “una vez más sean las personas de sectores más humildes de la sociedad quienes se enfrentan entre sí e incluso mueren bajo el supuesto de la defensa de la propiedad privada, cuando en realidad se trata de la defensa de los privilegios y de la impunidad de sectores poderosos y corruptos”.
La Codehupy rechazó la designación de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, “pues fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que actuó como Fiscal General del Estado”.
“Su nombramiento permite anticipar un tiempo de mayor persecución y criminalización de las luchas sociales”, aseguró.
La coordinadora deploró la insistencia de sectores de poder y de la prensa “en criminalizar la lucha social, desconociendo la relevancia de que las organizaciones campesinas, de sintierra y de otros sectores afectados por la exclusión, se organicen y exijan cambios orientados a una mayor justicia social y a la profundización de la democracia”.
Finalmente, reprobó el recurso a la violencia armada como método para resolver los conflictos sociales en el Paraguay, y exhortó a la resolución de conflictos en un marco de convivencia pacífica y de respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas".
El viernes último, policías ingresaron a una hacienda de Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, para desalojar a un grupo de campesinos que ocupaban ilegalmente esas tierras, pero la acción devino en un tiroteo con los labriegos que causó la muerte de al menos 11 pobladores y seis uniformados.
Fuente: Télam.
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