Varias organizaciones bolivianas rechazan la economía verde y demandan a
las delegaciones de los países del sur que defiendan la vida y los
derechos de los pueblos antes que avalar una propuesta de
mercantilización llevada al extremo, denunciando al mismo tiempo la
enorme presión que las corporaciones y los países desarrollados están
ejerciendo sobre las negociaciones.
Pressenza, La Paz, Bolivia. Declaración de organizaciones de la sociedad civil boliviana sobre el proceso de la Cumbre de Río+20
Nosotras, organizaciones, instituciones, activistas, redes y
plataformas de la sociedad civil boliviana que hemos estado dando
seguimiento a los procesos de negociación del clima, del agua, la
desertificación y la biodiversidad en el marco de las Naciones Unidas y
que al mismo tiempo militamos en nuestro país por la defensa de la
equidad, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos
indígenas y los derechos de la naturaleza, queremos dar a conocer
nuestro punto de vista sobre el proceso de negociaciones hacia la Cumbre
de Río + 20 a realizarse en junio de este año.
En el proceso preparatorio para la Conferencia de la ONU sobre
Desarrollo Sostenible, más conocida como Río+20, se está debatiendo un
documento, que aunque en su última versión ha logrado incluir algunos
aspectos derivados de las propuestas de los pueblos del sur para
defender el planeta y cuidar a la Madre Tierra, reconocer el agua como
derecho humano y otros temas en esencia busca avalar la economía verde
como la alternativa para enfrentar la crisis ambiental global. Un plan a
la medida de los intereses de las grandes transnacionales y las grandes
potencias para seguir mercantilizando el planeta.
Rechazamos la economía verde por ser una falsa solución ante la
crisis climática y la destrucción de la biodiversidad, consecuencia de
la expansión desarrollista y mercantil del capitalismo y el
desarrollismo. La rechazamos además por constituir uno de los mayores
peligros para el planeta al pretender mercantilizar la naturaleza e
incorporarla en los sistemas financieros ya que en esencia permite a los
países desarrollados y a las grandes corporaciones continuar evadiendo
sus responsabilidades históricas y seguir contaminando nuestras tierras y
sobreexplotando los bienes naturales en nuestros territorios.
Alertamos del peligro de que en Río+20 el sistema y la
institucionalidad para la economía verde sea acordado y lanzado como la
propuesta para enfrentar la crisis climática y ambiental obedeciendo
los intereses de las transnacionales y los países desarrollados que en
su afán por resolver sus crisis financieras pretenden ahora incorporar
las funciones de los ecosistemas en la lógica mercantil creando nuevos
sistemas especulativos.
La implementación de la economía verde seguirá fortaleciendo el poder
del gran capital y vulnerará aún más los derechos humanos, los derechos
de los pueblos indígenas, las políticas de protección de la naturaleza a
nivel local y global, provocando incluso desplazamientos, apropiaciones
de territorios y tensiones locales derivados de la dinámica mercantil.
La economía verde en nuestro país significará un retroceso en las
conquistas logradas hasta el momento, como son derechos colectivos de
los pueblos indígenas, el derecho humano al agua, la economía plural y
las normas aprobadas por los derechos de la Madre Tierra.
Abrirá mayores posibilidades de acaparamiento para las corporaciones,
aumentando condicionalidades de la ayuda para el desarrollo a la
implementación de estas políticas.
Alertamos que la economía verde promoverá la creación de nuevas
medidas de ajuste estructural, de normas y leyes que modificarán el
sistema de gobernanza global y local y contribuirá a la pérdida de
soberanía de los países del sur global y la creación de una cultura
mundial de mercantilización y especulación financiera sobre la vida..
Por ello:
Reiteramos a los países conscientes de la deuda ecológica presentes
en Río+20, nuestra demanda defender los principios de la vida, del
cuidado del planeta y los derechos humanos oponiéndose decididamente a
la lógica del mercado y del capital y que exijan el pago de la deuda
ecológica, respetando los acuerdos multilaterales de responsabilidades
comunes pero diferenciadas.
Reiteramos, en particular a nuestros gobiernos a recoger el mandato
del Acuerdo de los Pueblos emanado de la Cumbre de los Pueblos sobre
Cambio Climático en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia en abril del 2010,
que se propone la creación de un nuevo modelo que se base en el respeto
a los derechos de la Madre Tierra y lucha contra la pobreza, el rescate
de los sistemas productivos comunitarios basados en la solidaridad,
reciprocidad y sostenibilidad no vinculados al mercado. Deben hacer
prevalecer la visión de que se invierta en la equidad social, rechazar
la guerra, exigir el pago de la deuda ecológica y climática, proponer
recortes en los presupuestos militares, limitar el poder de las
corporaciones en la pugna por el acceso a los recursos del planeta.
El G77 que reúne a los países en desarrollo más vulnerables debe
defender los principios de la vida antes que caer en la trampa de la
mercantilización total del planeta en el intento de modificar la
“economía verde”.
Creemos que si el resultado de la cumbre de Río se constituye en un
aval para la economía verde nuestros gobiernos no deberían comprometerse
firmándolo y deberían rechazar cualquier falsa solución que profundice
la devastación planetaria.
En esta misma línea y a nivel local, exigimos al gobierno boliviano
coherencia al elaborar proyectos y leyes de interés nacional para evitar
contradicciones como fue el caso de la aprobación de la Ley de
Revolución Productiva que abre las puertas a los transgénicos o el
proyecto de la carretera del TIPNIS que se ha convertido en el símbolo
de las tensiones ante la falta de un modelo de desarrollo alternativo
que preserve nuestros ecosistemas y respete los derechos de los pueblos
indígenas.
Las organizaciones reclamamos hacer prevalecer el principio
precautorio al uso de los transgénicos para evitar daños en la salud del
pueblo, así como en actividades extractivas como la minería, contra la
contaminación y el uso abusivo del agua.
Exigimos el respeto a los territorios y los derechos indígenas vigilando
que el espíritu de lo normado prevalezca, tanto en sus valores,
principios y fines en éste nuevo Estado comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y
con autonomías (Art. 1 CPE).
Debemos avanzar en la construcción real de un modelo de sociedad
alternativo que supere las deficiencias del desarrollo capitalista
vinculado solo a inversiones, mercado, depredación ambiental y
crecimiento económico, aunque se lo llame "sustentable".
Se necesita construir una alternativa para la gestión y manejo
integral de los bosques, agua y tierra que supere el concepto de
“servicios ambientales” que pueda ser financiada por fuentes innovadoras
como el impuesto a las transacciones financieras para constituirse en
una alternativa viable.
Exigimos que las políticas de desarrollo y las políticas públicas en
todos los países estén dirigidas a implementar acciones de protección a
la Madre Tierra, así como medidas urgentes para la vida en armonía con
la naturaleza. Se debe generar una nueva alternativa a la economía
verde, el vivir bien y los derechos de la Madre Tierra para una
alternativa al modelo de desarrollo capitalista depredador de la
naturaleza.
Llamamos a la sociedad civil global a organizarse mediante campañas y
acciones concretas para sumarse a este llamado y buscar de manera
creativa y solidaria alternativas posibles para enfrentar este nuevo
intento de acaparación de la vida por parte del capital.
Firman:
AIS Bolivia
Articulación de mujeres por la equidad y la igualdad - AMUPEI
Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia - AOPEB
Bus Ecológico – El Alto
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino) – Cochabamba
CEPA – Oruro
Centro para el Desarrollo Sostenible Molle (CDS Molle) - Oruro
Colectivo Cabildeo – La Paz
Escuela de Líderes Ambientales - Oruro
Fundación Comunidad y Axión – El Alto
Fundación Solón
Instituto de Terapia e Investigación - ITEI
Red Hábitat
Red UMAVIDA
REMTE Bolivia
ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EL ALTO - BOLIVIA
ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS OMASUYOS - BOLIVIA
Campaña Nacional contra la economía verde y por los Derechos de la Madre Tierra
Más información: noeconomiaverdebolivia@gmail.com
viernes, 15 de junio de 2012
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