Por Darío Aranda*
Fuente: Pressenza
Después de 13 años de reclamos, reconocen tierras a campesinos en Misiones.
El gobierno provincial se comprometió a expropiar la tierra a una
empresa del departamento de San Pedro y entregarla a los productores que
la habitan y la cultivan. El conflicto incluyó varios intentos de
desalojo y cortes de ruta. Ya comenzó la electrificación de la zona.
Más de veinte años de vida campesina, una orden de desalojo, trece
años de resistencia y un triunfo: el gobierno de Misiones reconoció que
campesinos tienen derecho al territorio, se comprometió a expropiar la
tierra a una empresa y entregarla a los pequeños productores.
Considerado “una victoria”, los campesinos reclaman celeridad en los
trámites. “Estábamos casi en la calle, pero con lucha y junto a otras
organizaciones logramos seguir trabajando la tierra. Nuestros hijos
podrán crecer acá”, celebró Eduardo Eizenrreder, campesino misionero. En
la provincia hay al menos 150 mil hectáreas en conflicto.
En 2002 fue el momento clave. La peor noticia llegó a familias
campesinas del noroeste misionero (departamento de San Pedro). Las
instaban a dejar la tierra donde vivían, trabajaban y de la que obtenían
sus alimentos. Los campesinos resistieron. Sabían que su destino serían
los márgenes de las ciudades, ser mano de obra barata en obrajes y
casas de familia.
Sobrevino la violencia. El dueño en los papeles, que nunca habitó el
lugar, envió patotas para que intentaran un desalojo forzoso. Incluyó la
quema de viviendas y violencia. Las familias mantuvieron la
resistencia. El caso trascendió a los medios y se logró una tregua.
En 2006 se presentó la empresa forestal Ricceri Sociedad Anónima. Se
reanudó un proceso de diálogo con funcionarios provinciales y
municipales para que las familias permanecieran en el lugar (parajes
Piray Guazú, Portón Viejo y Colonia Nueva Unión). Pero no hubo acciones
concretas del gobierno.
El segundo momento de quiebre fue en julio de 2013. La jueza de
primera instancia Eve Toledo (Juzgado Civil y Comercial Nº2) falló a
favor de la empresa y ordenó el desalojo. Ese mismo día se reunieron las
familias, ya como parte de la organización Unidos Ruta 20 (arteria
provincial que atraviesa la zona) y media docena de movimientos
campesinos de la región. Elaboraron un plan de acción. Apelaron la
acción judicial, recordaron que tienen derechos sobre la tierra que
trabajaron más de veinte años, pidieron la intervención de las
autoridades (Estado nacional, provincial y municipal) para solucionar el
conflicto y se declararon en alerta y movilización.
A mediados de agosto de 2013 llegaron a la comunidad los diputados
provinciales Sonia Mello y Héctor Bárbaro y el intendente Miguel Dos
Santos. Se logró un acuerdo para presentar esa misma semana un proyecto
de expropiación (a la Legislatura provincial), para pagarle a la empresa
Ricceri y que los campesinos adquirieran sus parcelas.
En la lista de reclamos siempre estuvo presente que, en pleno siglo
XXI, las familias no tienen energía eléctrica y sus hijos deben
concurrir a escuelas rancho.
Ante la falta de acciones concretas y frente a la posibilidad de un
nuevo desalojo, en septiembre de 2013 cortan la ruta provincial 20. Se
sumaron a la protesta las familias de la zona del Paraje kilómetro 80,
con conflictos similares.
Comenzó una nueva etapa de burocracia estatal con promesas de
solución pero sin mejoras concretas. La respuesta campesina fueron las
acciones directas (cortes de ruta y movilizaciones) para destrabar la
expropiación y lograr avances. En mayo pasado el conflicto escaló. Hubo
corte de ruta durante tres días. “Hemos decidido por nuestra cuenta
salir a la ruta y no esperar a que nos saquen a la calle. Lamentamos
llegar a estas instancias pero no tenemos otras herramientas para que
nos escuchen. Queremos una solución definitiva”, explicó Unidos Ruta 20.
El punto principal era la tierra y, en segundo lugar, electricidad y
escuelas dignas. La respuesta estatal fue una demanda penal a 19
personas por obstrucción de la vía pública. Los campesinos anunciaron
nuevos cortes.
El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y el
intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, llegaron hasta la tierra en
conflicto. Presentaron un escrito mediante el cual el presidente del
Iprodha, Santiago Ros, informa instrucciones del Ejecutivo provincial
para regularizar la tenencia de la tierra, un total de 876 hectáreas.
“Ahora estamos más tranquilos, podemos hasta dormir sin miedo, ya que
no vamos ser desalojados de nuestras tierras, podemos continuar con
nuestros cultivos”, celebró Unidos Ruta 20.
El subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, afirmó que ya
remitió el expediente al Iprodha. Reconoció que un problema crucial de
la provincia es la concentración de tierras en pocas manos, aunque lo
atribuyó a un “fenómeno de la década del ’90” y responsabilizó en parte a
la multinacional Alto Paraná (dueña del diez por ciento de la
provincia). Afirmó que en Misiones hay al menos 150 mil hectáreas en
conflicto (el siete por ciento del territorio), de las cuales un tercio
estaría en vías de regularización.
José Cavalli, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de la
Nación (que acompaña a las familias de San Pedro), explicó que los pasos
a seguir son la tasación del Banco Nación, negociación con el titular
registral, mensura, plan de pago y documentos de posesión para cada
familia. “Es un avance. Pasaron de tener un juicio ‘perdido’ a un
compromiso de solución. Pero ya pasaron dos meses y no se conocen
avances concretos”, advirtió.
Eduardo Eizenrreder, de Unidos Ruta 20, afirmó que la obra de
electrificación ya está en marcha, y se mostró confiado en que terminará
pronto. “Teníamos que hacer diez kilómetros para una bebida fresca o
hielo para tereré. Ahora ya vamos teniendo electricidad en nuestras
casas”, explicó. También señaló como importante el accionar del
intendente de San Pedro, recordó que aún tienen escuelas rancho y
solicitó que se avance “lo más rápido posible” en la expropiación del
predio.
* Darío Aranda (argentino, 1977) es periodista. Especializado en
extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales), escribe
sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y
asambleas socioambientales. www.darioaranda.com.ar
martes, 18 de agosto de 2015
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