Zimmermann niega que estas plataformas estén ejerciendo competencia desleal: “Hay que pensar si la regulación actual piensa en el interés general o en el de un sector”.
Defiende que Uber, prohibido en España por un juez, encaja con el consumo colaborativo aunque admite que se trata de un “modelo controvertido”.
Por Ana María Requena
Si de algo se ha hablado en los últimos meses es de
consumo colaborativo: compartir coche para ir a pasar el fin de semana o
alquilar un apartamento por días a un anfitrión que aprovecha para
arrendarlo mientras pasa una temporada fuera son ya prácticas
extendidas. En medio de esa nueva forma de entender el consumo están
plataformas como BlablaCar, Airbnb, Amovens, HomeAway, Respiro o Cabify,
que se enfrentan a las dudas que genera su modelo de negocio.
Hace unos meses se unieron en Sharing España,
la primera asociación del sector que aspira a representar los intereses
del colectivo. José Luis Zimmermann es su portavoz y defiende al sector
de las acusaciones de competencia desleal. Zimmermann subraya que la
regulación debe velar por el interés general y adaptarse a los nuevos
modelos.
¿Cómo definiría la economía colaborativa?
No hay una definición clara. El término tiene más que ver
con el consumo, con cómo hay un cambio en el consumidor que le hace
adquirir productos y servicios de manera diferente a como lo hacía
antes. Básicamente, en lugar de poseer esos productos o servicios, se
accede a ellos. Se tienen que dar varias condiciones: que exista un
mercado y una plataforma, que haya oferentes y demandantes que sean
pares, es decir, consumidores, y que el producto o servicios que se
intercambien sean un activo ocioso, bien sea el coche, la casa o el
tiempo. Pero es un concepto que se queda corto porque ya hay proyectos
trascienden el consumo y que tienen que ver con la fabricación, o con
cómo se desarrollan ciertos productos. Hablamos en general de un modelo
económico donde prima más el acceso que la propiedad.
¿Cómo cuadra esa condición de que
los oferentes y demandantes sean pares con que haya empresas y
plataformas que estén haciendo y ganando dinero con este intercambio?,
¿no es contradictorio?
No, en ningún caso. Hay una confusión al asociar el
consumo colaborativo al sin ánimo de lucro. La plataforma que provee ese
servicio puede cobrar o no. Por ejemplo, Wallapop no aplica una
comisión a los intercambios, eso no quiere decir que sea una empresa sin
ánimo de lucro. El término colaborativo lleva a pensar que tiene que
haber esa colaboración, incluso a través de plataformas, sin ánimo de
lucro.
¿Por qué en Sharing España hay
plataformas como Airbnb o BlablaCar, pero no está Uber? Hay que recordar
que un juez ordenó el cierre de Uber en España por considerarlo
competencia desleal.
Nosotros contactamos con todas las empresas. Es verdad
que Uber está atravesando una circunstancia excepcional en España con
una prohibición cautelar, pero eso no quiere decir que no se vaya a
incorporar en la asociación en el futuro. Para nosotros el modelo de
Uber encaja perfectamente como consumo colaborativo, otra cosa es que
algunos modelos se enfrenten a una regulación y a una forma de proveeer
servicios que ya existe y que tenga dificultades para operar en esos
sectores. Es un modelo controvertido pero en ningún caso eso tiene que
ver con que no esté en nuestra asociación.
Ahora la patronal de autobuses
también ha denunciado a BlablaCar por motivos similares a lo que sucedió
con Uber. ¿Para ustedes estas plataformas implican competencia desleal o
no?
No. Como punto de partida, estamos hablando de modelos
disruptivos que se van a encontrar con fricciones, sobre todo en
sectores que están muy regulados, como es el transporte. Por otra parte,
desde nuestro punto de vista no es lo mismo: Confebús tendrá que
demostrar que los particulares que proveen el servicio lo hacen como una
actividad económica y no para compartir coche. A mí me cuesta pensar
que alguien pueda vivir de hacer viajes en BlablaCar. Puede darse el
caso, pero porque haya unas pocas personas que lo hagan, ¿hay que
defenderse de BlablaCar? Además, la plataforma está cubierta por la Ley,
que permite la actividad de compartir coche a cambio de una dieta o
aportación para compartir gastos, aunque lo tendrá que decir un juez.
Veo más complicado que un juez admita los argumentos de Confebús que en
el caso de Uber.
Sobre Uber ha habido más polémica
porque a veces han aparecido anuncios en los que la plataforma
aparentemente ofrecía puestos de trabajo como conductor.
Insisto en que eso habrá que demostrarlo. En el caso de
la suspensión cautelar de Uber tenemos muchas dudas. Nosotros decimos
que la regulación debe velar por el interés general. Estas empresas u
otras vienen a ofrecer un servicio de manera muchas veces más económica,
eficiente y sostenible. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿esta
regulación tiene sentido?, ¿está pensando en el interés general o en el
interés de un sector? Por otro lado, hay que eliminar las barreras de
entrada: desde un punto de de vista de la competencia hay que procurar
que haya alternativas en el mercado que le den diferentes opciones al
consumidor.
Otro asunto discutido es el de la
seguridad jurídica. ¿Cómo afrontar el miedo de los usuarios a la
inseguridad? Mucha gente aún duda sobre si esas plataformas van a
responder si tienen algún problema. ¿Es un riesgo que hay que asumir
como parte de esta forma de intercambio?
Todas estas plataformas no tendrían éxito sin un
escenario de confianza y transparencia. Yo no voy a dejar mi casa a
otros sin conocer de antemano cierta información sobre ellos y esa
información me la van a dar otros pares, otra gente que ha alquilado esa
casa. Tengo una información de antemano que es vital para ese
intercambio y eso es vital en todos los modelos de economía
colaborativa. Si vas a coger un servicio de transporte, tengo
información sobre esa persona, sé las veces que ha hecho el servicio, sé
la gente que lo ha valorado, sé si es puntual o si conduce bien o si es
especialmente limpio.
Tengo mucha más información de la que tenía antes.
Estamos hablando de mercados con mucha más transparencia. Al margen de
esto, las empresas o, al menos la gran mayoría, tienen cubiertos con
seguros de responsabilidad esos supuestos. En cualquier caso, como en
cualquier transacción que no ves físicamente debes tener ciertas
cautelas: que esa empresa exista, que haya un contacto, que no sea un
proveedor del que no conozcas nada. Pero eso pasa tanto en el mundo real
como en el online.
Se habla también de si determinados
servicios pueden ser un coladero para la economía sumergida. Por
ejemplo, personas que alquilen su casa sin que declaren esa actividad.
¿Pueden favorecer algunas plataformas este tipo de prácticas?, ¿hay
suficientes controles?
El primero que tiene que declarar es el particular que
hace esa actividad. Pero precisamente este es uno de los argumentos que
tenemos: las empresas de economía colaborativa tienen la capacidad para
que muchas actividades que normalmente estaban en la ecoomía sumergida y
eran opacas al fisco salgan a la luz. Al final, alquileres vacacionales
ha habido toda la vida, muchas veces se hacían a través de los
periódicos y nadie diría que esos periódicos fomentaban la economía
sumergida. La diferencia es que estas plataformas pueden aportar una
trazabilidad fiscal, pueden dar información a Hacienda, tienen la
información de sus usuarios y están en disposición de que esto sea
transparente.
También como asociación hemos planteado que esta figura
del ciudadano productor o del microemprendedor exige un cambio radical
de lo que es un autónomo en España. Tienen que existir figuras que
permitan a la gente obtener unos ingresos extra, que no sean de forma
permanente o su principal actividad, sin tener que pagar 350 euros al
mes o pagar a un asesor.
Como asociación, ¿han tenido
contactos con partidos políticos o con comunidades autónomas, que son
sobre las que recaen, por ejemplo, las competencias sobre alquiler
vacacional para tratar estos temas?
Sí, con todos. Aquí radica uno de los principales
problemas, la dispersión regulatoria. Hay empresas españolas que se
dedican a hacer lo mismo que, por ejemplo, Airbnb y tienen que atenerse a
17 regulaciones distintas. En Madrid los particulares no pueden
alquilar su casa por menos de cinco días, algo diferente a lo que ocurre
en Baleares, donde estos alquileres están prohibidos. Estamos hablado
de empresas digitales que nacen con vocación global, lo interesante
sería no pelear contra Uber o Airnbn sino que en España hubiera Ubers o
Airbnb y seguir modelos que son disruptivos pero que tienen capacidad de
competir internacionalmente y de crear empleo. Esto va en contra del
mercado único y hay una ley de mercado único en España.
¿Hay algún referente europeo que les parezca posible replicar en España y con el que estén de acuerdo?
En general, el referente es Reino Unido. Londres es una
ciudad más abierta, entiende que este modelo de alojamiento ofrece otra
alternativa. Se regula por el interés general, no para proteger a un
sector. En Londres no funcionaría el transporte si solo hubiera
servicios de los taxis negros. Por eso hay servicios alternativos, no
queridos por el sector de los taxis, pero sí tolerados. Tienen una
visión más pragmática y realista, saben que es un fenómeno que cuestiona
la manera en la que se ofrecen estos servicios y vamos a ver por qué
estamos regulando. Siempre y cuando estas plataformas me ofrezcan
información sobre los usuarios que den servicios similares a los
alojamientos tradicionales y estén aprovechando para saltarse esa
regulación. En muchos casos, Airbnb está dando información sobre
aquellos usuarios que tienen tres o cuatro propiedades o que lo hacen de
manera habitual.
Fuente: Pressenza
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