Esa conducta de convalidar un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional "no es inmunidad judicial, es impunidad judicial", sostuvo la dignataria en un mensaje hecho público a través de las redes sociales.
Por su parte, el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anticipó el propio viernes en declaraciones a la prensa que el Poder Ejecutivo recurriría de inmediato lo que catalogó de fallo disparatado.
Según Alak, lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial viola tanto la igualdad ante la ley, como el principio de equilibrio de poderes.
Si una familia o un trabajador deja de pagar un bien, es desalojado por la justicia o se le quita el bien; mas si se trata de un poderoso como la Sociedad Rural o una corporación económica, "no sólo no se lo desapodera del bien que tiene ilegítimamente, sino se lo convalida con una cautelar", dijo.
Además, agregó, se trata de un fallo absolutamente arbitrario que no toma en cuenta los muy graves motivos valorados por el Estado para revocar la venta, y sobre el cual corresponde expedirse al fuero contencioso administrativo.
Recordó que el decreto presidencial declaró la nulidad de la venta por "precio vil", ya que el predio se tasó en 30 millones de dólares, mientras las valuaciones del Tribunal de Tasaciones indicaban que éste no podía ser inferior a los 63 millones de dólares.
Esclareció asimismo que si bien cuando se vendió La Rural quedó establecido que las diferencias económicas que podían surgir de la venta eran competencia del fuero civil y comercial, lo que ahora se discute es la validez de un decreto presidencial "y el fuero natural es el contencioso administrativo".
Por la causa judicial abierta con motivo de esta irregular transacción están procesados ex funcionarios del ministerio de Economía y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina.
Fuente: Prensa Latina
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