El titular de Justicia fundamentó la apelación que hará el Estado porque "viola dos aspectos: la igualdad ante la ley y el principio de equilibrio de poderes".
"Una familia o un trabajador que deja de pagar un bien, es desalojado por la justicia o se le quita el bien, en cambio cuando se trata de un poderoso como la Sociedad Rural o una corporación económica, no sólo no se lo desapodera del bien que tiene ilegítimamente, sino que se lo convalida con una cautelar", cuestionó el funcionario en declaraciones a C5N.
En cuanto al equilibrio de poderes, dijo que viola ese principio por cuanto "el sistema republicano funciona si están en paridad, si ninguno obstruye al otro" y objetó a la Cámara por ser la misma que "impide la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual".
Además, Alak declaró que la Cámara "es incompetente" en este caso, porque "cuando se vendió el predio, se estableció que las diferencias económicas que podían surgir de la venta eran competencia del fuero civil y comercial, pero acá lo que se discute es la validez de un decreto de la Presidenta de la Nación y el fuero natural es el fuero contencioso administrativo".
"Ante un acto legítimo del Estado para recuperar lo que el Estado regaló en los `90, ahora la Cámara protege el ilícito que se cometió entonces", señaló Alak que anunció que la medida será apelada porque "viola la igualdad ante la ley y el principio de equilibrio de poderes en el sistema republicano".
El funcionario recordó que la Cámara Civil y Comercial "es la misma que desde hace casi cuatro años impide la aplicación de la ley de servicios de comunicacion audiovisual", en favor del grupo Clarín.
"La misma sala, con los mismos integrantes, falla a favor de un grupo económico poderoso", lamentó el titular de Justicia al referirse a Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni.
Además, afirmó que el fallo es "disparatado porque está convalidando una apropiación de un bien del Estado que es reconocida por un juez federal (Sergio Torres), que investigó la venta del predio en 1991 a un precio que consideró `vil`".
"La justicia consideró que la venta era nula porque se había vendido a precio vil -de 30 millones de dólares- con amplísimos plazos y beneficios, y la tasación del Tribunal de Tasación determinó que ese predio valía 63 millones de dólares", dijo Alak al explicar las razones por las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 2552 de recuperación del predio.
El funcionario subrayó que el Poder Ejecutivo tomó la medida "de acuerdo a facultades que le otorga la ley, y que establece que más allá del tiempo que pase desde que se dicta un acto administrativo, si se lo considera nulo e insanable, el Estado no tiene plazo para considerarlo, según lo marca la ley".
Recordó también que por la causa judicial "están procesados ex funcionarios del ministerio de Economía y dirigentes de la Sociedad Rural", y subrayó que en el acto en el que el ex presidente Carlos Menem entregó el predio, el ex titular de la entidad Eduardo de Zavalía, "dijo que ese predio valía mucho más, calculando `por lo menos 300 millones de dólares`".
Fuente: Télam
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