por Nicolás Blanco.
Esta semana, tras ser promulgada la ley 1070, que criminaliza la inmigración en Arizona, comenzaron a desarrollarse campañas y manifestaciones de repudio a la misma: protestas estudiantiles en el Capitolio de Arizona en Phoenix, recaudación de firmas para su anulación, boicot contra el Estado y acciones de resistencia pacífica.
Pressenza, Phoenix. La ley 1070 contempla considerar como delito la permanencia en el país sin documentos migratorios. También permite que la Policía exija papeles de residencia en el país a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada y la entregue a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de que no presente la documentación que certifique su estancia legal en los Estados Unidos. A su vez prevé castigos a las personas que contraten o transporten a indocumentados.
Desde la semana pasada comenzaron a manifestarse miles de estudiantes de preparatoria y de las universidades de Arizona: las escuelas de Phoenix y Tucson fueron abandonas por los estudiantes para sumarse a la protesta, un grupo de alumnos y docentes de la Universidad de Nuevo México, en Alburquerque, realizó un mitin para demandar a la gobernadora, Jan Brewer, vetar la ley.
También, los estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, se manifestaron frente a las oficinas del senador federal Michael Bennet, para agradecer su apoyo a una reforma migratoria. A su vez, más de mil estudiantes se concentraron en el capitolio estatal, donde se encadenaron como forma de protesta y luego fueron detenidos por la policía.
El martes, Amnistía Internacional manifestó que esta ley no contiene garantías contra la detención basada en la apariencia racial – la práctica de detener a alguien por su apariencia, origen o nacionalidad, lo cual es discriminatorio y una violación de los derechos fundamentales, a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente. Estos derechos humanos, independientes del estatus legal de los inmigrantes, está consagrado en el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Estados Unidos.
Por otra parte, Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros, lanzó un llamado a la resistencia pacífica y dijo que se “está jugando mucho más que la reforma migratoria: “O somos un país donde todos y todas tenemos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, o somos un país donde se juzga y se limitan las oportunidades de las personas por el color de la piel”.
Otra campaña, que comenzó hoy, es la recaudación de firmas para convocar a un referéndum con el objetivo de rechazar la ley antiinmigratoria. Para tal objetivo, se necesitarían, al menos, 76.000 firmas.
Según Andrew Chávez, uno de los organizadores de la campaña en Phoenix, la misma podría tener como resultado que la aplicación de la ley solo comience en 2012 después de ser sometida a un voto popular. Agregó, que las firmas que se junten en la campaña se presentaran el 1 de julio, que es el plazo para presentar iniciativas que serán puestas a votación en las elecciones de noviembre de este año.
A su vez, Carlos García Alba, director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, anunció que desde la organización iniciaran un boicot que incluye dejar de asistir a eventos deportivos y de comprar productos en Arizona. También invito a los habitantes de Sonora a evitar realizar actividades turísticas en dicho Estado y los 128 consejeros del Instituto convocaron a los mexicanos residentes en Estados Unidos a manifestarse contra la ley este 1 de mayo.
También las autoridades de diversos gobiernos, nacionales y municipales, se pronunciaron contra la ley antiinmigrantes:
El presidente de México, Felipe Calderón, consideró que la medida abre la puerta a la “intolerancia, al odio y a la discriminación racial” y afirmó que su gobierno no permanecerá indiferente ante esta medida.
Además de la oposición del presidente Barack Obama, el alcalde de Phoenix, capital de Arizona, pidió a las autoridades de la ciudad que demanden judicialmente al Estado para impedir que entré en vigencia. En Tucson, las autoridades municipales anunciaron que estudian la posibilidad de bloquear la legislación. Mientras que en Flagstaff, el concejal Rick Swanson manifestó que la ciudad tiene el deber de proteger a sus residentes y dijo: “Vamos a ser el hazmerreir del país. Es horrible y racista”.
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