Más de mil millones de personas viven ya en barrios marginales de grandes urbes en todo el mundo. Este acelerado proceso de urbanización que se ha vivido en las últimas décadas ha ocasionado numerosos problemas sociales, de acceso a los servicios, de dificultades en el ejercicio de sus derechos, para numerosos sectores de la población.
Los grandes núcleos urbanos son en si mismos generadores de grandes posibilidades, pero también de nuevos riesgos para las gentes que los habitan. Y entre ellos, y cada vez de modo más evidente, las nuevas y viejas formas de violencia urbana constituyen una amenaza real para millones de personas.
Las respuestas a estas situaciones han sido de todo tipo (policiales y represivas sobre todo) y no han dado los resultados deseados. Por ello, cada vez más, las organizaciones humanitarias trabajan en estos contextos para, al menos, mitigar el sufrimiento que genera sobre los sectores más vulnerables de la población.
Un planeta urbano
Según todos los datos, más de la mitad de la humanidad vive ya en contextos urbanos y el proceso de urbanización del planeta se va a acelerar aún más en las próximas décadas. A la atracción que siempre han ejercido las grandes urbes como entornos de posibilidades para la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios, se unen hoy las crisis económica y ecológica con sus consecuencias alimentarias, y en algunos casos el desplazamiento forzado a consecuencia de situaciones de violencia en los medios rurales, o a conflictos armados de desigual intensidad.
Pese a las muchas limitaciones que tratan de imponer los Estados, la invasión de zonas periurbanas o la congestión y sobrepoblación de zonas ya urbanizadas son dos fenómenos que han experimentado un enorme crecimiento. Las autoridades se ven incapaces de proveer servicios a estas poblaciones y en otros casos no quieren hacerlo pensando que ello supondría, de alguna manera, legitimar esas invasiones e incluso incentivar nuevas llegadas.
América Latina y sus violencias urbanas
De Río de Janeiro a Puerto Príncipe, de Medellín a Ciudad Juárez, de Caracas a Ciudad de Guatemala, las nuevas formas de violencia urbana se han extendido rápidamente por el continente. Afectan a casi todos los países latinoamericanos y en muchos de ellos ocasionan más muertos que las guerras que en esos mismos países se vivieron en los años ochenta, por ejemplo. Algunos autores llegan a hablar de que la nueva violencia urbana es “la guerra con otro nombre” y en algunos casos puede llegar a ser cierto. En Medellín y otras ciudades colombianas es indudable que, junto con la violencia ligada a la delincuencia común, se da también la participación de grupos armados vinculados al conflicto armado que vive el país y que aprovechan las ciudades para sus propósitos. Por más que el gobierno se empeñe en denominar a estas bandas y “combos” como Bacrim (Bandas criminales) ajenas al conflicto armado, todos los datos parecen indicar lo contrario, y los nexos de muchos de estos grupos con el paramilitarismo, nunca desmovilizado en su totalidad, son evidentes.
Las consecuencias humanitarias que el control por parte de los grupos violentos de algunas comunas y barriadas es enorme, llegando a impedir el movimiento de los ciudadanos que llegan a hablar de “fronteras invisibles”. Los grupos más vulnerables como los niños y niñas, las personas mayores o la población en situación de desplazamiento –que en ocasiones se ven forzadas a desplazamientos intraurbanos- son quienes más sufren estas situaciones y en quienes la desprotección es mayor.
Respuestas humanitarias
Estas situaciones han hecho que desde hace algunos años algunas organizaciones humanitarias y muy especialmente las organizaciones internacionales Cruz Roja y Media Luna Roja se planteara un nuevo tipo de trabajo en estos contextos, tratando de mitigar los efectos de la violencia sobre los más vulnerables. El sufrimiento es independiente de la causa que lo provoca, y en esta lógica otras organizaciones como Médicos sin Fronteras, Save the Children o Viva Río llevan trabajando en estos contextos casi una década. El respeto que su trabajo genere es la clave de su aceptación por parte de los grupos violentos y de las posibilidades reales de acceso a las zonas más problemáticas. A zonas a las que algunas veces no tiene acceso el Estado.
Algunas de estas acciones de protección y mitigación están teniendo resultados positivos pero plantean dudas sobre la dejación de responsabilidad por parte del Estado o de la sustitución de sus funciones por parte de organismos privados. En todo caso, es un abordaje nuevo a una situación dramática a la que nadie parece tener interés en encontrar solución.
Fuente: Radio Nederland.
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