Los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina analizan las posibilidades para agilizar juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En función de ese interés y avalados por el Código Penal, que los habilita a dictar reglas prácticas para ser implementadas por los juzgados federales, planean elaborar un conjunto de normas que contribuyan a acelerar los procesos que se están realizando en todo el país.
Con ese objetivo, la Cámara de Casación, el segundo tribunal penal en importancia en el país, realizó una convocatoria para que quienes estuvieran interesados pudieran presentar sugerencias. En respuesta a este pedido, el abogado Javier de Luca, fiscal ante la Cámara, indagó entre colegas, querellantes, víctimas e instituciones públicas, y realizó un trabajo de coordinación que le permitió elaborar un conjunto de propuestas que ya han sido elevadas para su análisis.
Superar obstáculos y resistencias
En diálogo con Radio Nederland, De Luca explicó que uno de los obstáculos frecuentes que impiden el avance de los procesos es “cierta resistencia” de parte de algunos jueces, que demoran las causas en la etapa de investigación y generan instancias de apelación innecesarias. En este sentido, habla de la necesidad de pensar algunas medidas como si fueran una “propuesta pedagógica”.
“Pensemos en un joven juez de 35 años que no ha vivido la dictadura, no se ha instruido, no le han enseñado en la facultad lo que pasó, no ha leído los libros, no ha leído la literatura pertinente, ni sabía de la existencia de los documentos secretos que hoy están a la luz, en donde hay verdaderas confesiones de lo que pasó. Está probado que hubo un plan sistemático de exterminio de enemigos inventados por el propio régimen. Explicarle esto a un juez que está muy tranquilo sentado sobre expedientes tradicionales, clásicos, de delitos comunes, lleva su tiempo”, señala.
Unificar pruebas y testimonios
Por otra parte, el fiscal De Luca recomienda que se unifiquen los criterios de acumulación y conexidad de las causas. Además, en relación con la prueba producida en otros juicios, propone que se incorpore a las nuevas causas en un CD, sin necesidad de volver a pedir copias certificadas en cada causa individual.
A modo de ejemplo, menciona algunas cartas que los propios militares les enviaron a sus superiores, en las que confiesan su rol como jefes de un campo de concentración, reconocen que hicieron “cosas inconfesables” y explican cómo estaba estructurada la cadena de mando. Esto también podría aplicarse en el caso de libros, películas y otros materiales documentales que ya han sido utilizados en juicios anteriores como prueba.
Según el fiscal De Luca, algo similar podría implementarse con las declaraciones de los testigos con el objetivo de evitar su revictimización. “Algunos testigos han declarado innumerables veces sobre su caso y sobre otros, porque, al haber estado detenidos ilegalmente o torturados en determinado lugar, vieron lo que les pasaba a los demás. Que este testigo tenga que volver a declarar es bastante ridículo”.
En relación con el derecho de la defensa de los imputados a corroborar, confrontar y controlar la prueba testimonial, De Luca considera que esto se podría solucionar “incorporando la prueba por lectura, como decimos nosotros, por escrito o por filmación, y que, una vez verificada la declaración testimonial por la defensa, si tuvieran algo que preguntar, que expresamente lo expliciten, y ahí se verá en cada caso si se lo convoca al testigo o si se hace una audiencia preliminar para, con el debido control de la defensa, preguntarle lo que quiera o ponerlo en duda. Nadie más que el Ministerio Público está interesado en que se descubra la verdad, no en que sea un linchamiento”.
De las palabras a los hechos
A su vez, el fiscal explica que existen fallas en la gestión del Poder Judicial argentino, debido a un grave problema de organización interna que causa demoras en ciertos procedimientos y genera inconvenientes en el desarrollo de los procesos de justicia y verdad. “Si yo tengo que pedir que consigan un lugar para hacer un juicio, ¿a quién se lo pido? ¿A la Corte? ¿A la Cámara de Casación? ¿Al Ministerio de Justicia? Nosotros hicimos un juicio en una cancha de papi-fútbol, en un tribunal prestado y en un teatro. ¿Quién tiene la batuta de esto? ¿Quién dice ‘se hace así’?”, ejemplifica.
En cuanto a la posibilidad concreta de que se implementen estas recomendaciones de manera generalizada, De Luca se expresa con cautela: “Creo que algunas se van a poner en práctica y otras no, porque son más jurisdiccionales que de tipo normativo. Es decir, no se puede poner una regla abstracta y previa, sino que hay que decidirlo en cada caso. Pero creo que esta iniciativa es un puntapié inicial como para, por lo menos, dejar planteada la cuestión”.
Fuente: Radio Nederland.
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