Un Tribunal en lo Contencioso Administrativo costarricense suspendió los permisos y anuló un decreto presidencial que avalaba un emprendimiento minero. El fallo ordena el pago de una indemnización para las comunidades afectadas por la contaminación.
El proyecto minero aurífero Las Crucitas se instaló en el departamento de San Carlos, en la norteña región Huetar.
La empresa beneficiada por el permiso es la Industria Infinito, de capitales canadienses.
El tribunal ordenó a la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) que cancele las concesiones a la empresa minera.
Además, el fallo ordena el pago de una indemnización para los afectados por el emprendimiento. El resarcimiento debe ser pagado por la empresa privada y por el Estado, por no haber tenido en cuenta los perjuicios contra la población.
Al mismo tiempo, el tribunal busca responsabilizar penalmente a los funcionarios que permitieron la instalación del proyecto. Entre los señalados se encuentra el ex presidente, Oscar Arias Sánchez.
El integrante de Amigos de la Tierra Costa Rica, Javier Baltodano, aseguró que "éste es un juicio que ganó el Planeta y que ganó la Naturaleza".
En el mismo sentido, estimó que "la empresa es responsable porque siguió adelante con el proyecto a pesar de que había una legislación muy clara y contundente que se lo prohibía".
Baltodano denunció que "los políticos de turno auspiciaron que se siga adelante con el emprendimiento". Y los señaló como responsables de lo ocurrido.
A principios de noviembre, el Parlamento de Costa Rica sancionó una ley que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. El principal logro del proyecto es considerar a la actividad como nociva contra el ambiente y las personas.
De esta manera, el Estado costarricense se convirtió en el primer país en impedir la minería a cielo abierto. (PÚLSAR/Radio Mundo Real)
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