Violación a niñas Wichí, violación de todo derecho - Denuncias negadas, silenciadas y desatendidas.
Si con todo lo que implica se han animado a denunciar, y han podido llegar a hacerlo, no podemos mirar para otro lado, y no difundir reclamando justicia, y basta de impunidad para estos casos que son moneda corriente contra las niñas y mujeres indígenas.
Los casos de violación a menores denunciados en los últimos días son dos, y enterándose por uno de ellos, los pocos medios que se hicieron eco, difundieron el otro.
La Comunidad denuncia, mientras los responsables niegan hacia afuera y se lavan las manos frente a quienes deben rendir cuentas
Quizá tenga que esto que ver con que el caso silenciado ocurrió frente a una comisaría, la de Ingeniero Juárez, Formosa, y la niña de 14 años que fue violada por siete hombres criollos en ese lugar, pertenece a la Comunidad Wichí Barrio Obrero, que desde hace una semana vienen ocupando el Centro de Integración Comunitario, de su Asociación Civil cuyos recursos y beneficios denuncian que son administrados por autoridades con mandato vencido, como Hilario Martínez, cuya esposa, Cristina Amado maneja recursos del Instituto Nacional de “Asuntos” (¿) Indígenas (como becas que entrega a su antojo), ONG’s, como APCD, EPRASOL, CPI y Fundación Gran Chaco, todo con la participación de punteros del Intendente local, Cristino Mendoza, que son los mismos de los del gobernador Insfrán, y del Gobierno nacional.
Mientras que desde medios que se acercaron y hasta tomaron imágenes desmienten que eso suceda, y desde las ONG, como por ejemplo EPRASOL y APCD, envían cartas a los medios que publican la información tratando de negar, pero no se hacen presentes antes los denunciantes ni se comunican más que tratar manipularlos diciéndoles que tengan “piedad” y no reclamen, como en el caso de gente de APCD, que bien para financiarse y no dar cuentas les vienen muy bien, mientras no es denunciado, como en el caso de EPRASOL, que cuando se dirigen a los Wichíes, se niegan a tratar el tema porque es “puterío”, y tienen sus oficinas a una cuadra de donde estan, donde deciden en su nombre y diciendo que la comunidad participa y no es así, así les dicen. Pero eso no deja de rendirles beneficios para viajes, proyectos, etc. que utilizan a su antojo y clientelarmente con los indígenas que se sometan a sus manejos. Tratan de negar pero no le rinden cuentas a las comunidades que usan como excusa para obtener recursos, sobre quienes los financian, ni como, ni les consultan nada.
La Comunidad Wichí Barrio Obrero, quiere tener manejo y control de su asociación civil y recursos, lo que corresponde y no les permiten, quienes se benefician y han beneficiado de ella, que deben rendir cuentas y a ellos, y a la justicia en lo que corresponda, no intentar imponer mentiras a quienes difundimos, o generar confusiones, que por más que intenten los hechos no cambian, sobre cosas que con los denunciantes se niegan a tratar.
La Comunidad ya ha elegido a sus autoridades acorde a sus costumbres y demanda del Estado nacional la regularización denuncia y apela a todos y todas para la difusión e intervención para ayudar a que puedan denunciar lo que tratan de hacerles, desde el entorno parásito de políticos, ONG y punteros nativos vendidos a ellos, imposible y obstaculizado; defendiendo sus negocios contra la Comunidad.
Casos de Violaciones a Niñas Wichí
Los casos de violación denunciados en los últimos días, son dos, uno ocurrido en Potrillos contra una menor de once años, que se encuentra internada en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa. Y otro perpetrado por siete hombres criollos, el domingo pasado por la noche en Ingeniero Juárez en frente de la Comisaria de la ciudad, contra una niña de 14 años. En ambos casos las menores hablan solo su idioma Wichí y fueron asistidas por interprete para sus valiente denuncia, en un medio de menosprecio y discriminación social, e imposición desde el Estado que tiene pleno conocimiento de que esta situación, que es habitual y pugnan más que porque no se sepa que por que haya respeto, justicia, contención y cese de este tipo de permanentes ataques contra las niñas y las comunidades en sí.
No es intención política destacarlo, sino la del estado y los sucesivos Gobiernos de perpetuar esta situación en el marco de lineamientos de negar hasta la identidad, la atención médica, el agua y el manejo autónomo de sus recursos, a las comunidades, como parte del plan sistemático de exterminio indígena que lleva a cabo, que en tiempos de Roca sería ley, pero hoy es un delito de estado perpetrado por quienes gobiernan.
Que no cambia ni cambiará con meros cambios simbólicos, ni con ocultamiento, negación y publicidad oficial y oficialista pagada por todos, y mucho más por los más perjudicados, gracias al sistema regresivo de impuestos vigente, que no es de mantenimiento ni generación espontánea. Si así no fuera nadie podría decirlo, pero lamentablemente es, y así nadie lo diga, porque lo impidan por todos los medios, igual sucede.
Y lo más grave es que a nivel de los responsables no hay denunciados, ni procesados, ni denunciantes más que hasta dónde puede llegar la denuncia de a quienes hasta pretenden negarles que lo que les pasa, les pasa; y la solidaridad de la difusión honesta y comprometida de quienes no retrocedemos por mentiras con membrete, ante la evidencia de la realidad, y pruebas con membrete de sobra, también.
Mientras que en la comunidad Wichí Barrio Obrero, como en todas las Comunidades, los procesados son sus miembros, por reclamar por sus derechos. Siempre solidarios, sin embargo, contra las injusticias que el estado comete, hasta contra quienes luego les niegan asistencia.
Es curioso que para el Estado sean sujeto de deberes para con lo que les inventan en la justicia, y no de derecho para demandas reales, que no pueden ser objeto de negociación ni discusión, menos de manipulación mediática para ocultar (eso también es un delito de estado) se respetan o se empiezan a respetar; autonomía de manejo de sus recursos, respeto por sus propiedades comunitarias, que a expensas de políticos, ONG e instituciones del Estado y punteros favorecidos por el Gobierno, son usurpadas. Y esas usurpaciones son defendidas por el Gobierno hasta con represión y muerte, como en el caso Qom, de La Primavera con Roberto López, cosa que es al revés si quienes ocupan un predio son indígenas o quienes necesiten realmente, como sucedió en Jujuy con la represión y asesinato de tres miembro de la comunidad Ava Guaraní. Pero nunca es así cuando el propietario o demandante de lo que sea y reclamando como sea, es criollo, extranjero y/o rico.
Con lo único que son parejos en esto para todas las clases, parece que es en el caso de violación y abuso de mujeres y de menores, no sin embargo para quien denuncie y como. De todos modos, eso no puede ser índice más de que entre quienes tienen poder de terminar con tal impunidad y ataques, y determinar que se haga justicia; los pedófilos, violadores, prostituyentes, cómplices y subsidiarios de tales cosas como de la trata, que sino tampoco podría ocurrir como se da, sobran.
Francisco Fabricio Díaz
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