CHILE NECESITA CAMBIOS Y NO PARCHES.

por Mario Aguilar Arévalo

Chile ha asistido durante los últimos meses a movilizaciones por la educación que se encuentran entre las más multitudinarias de toda su historia. Cientos de miles de jóvenes han asumido con decisión que el sistema educacional chileno vive una crisis que es de tipo terminal y no resiste más parches o simples paliativos.

Pressenza, Santiago de Chile. En conferencia de prensa conjunta, hoy presentaron la siguiente propuesta de reforma al sistema educacional los personeros Mario Aguilar (Prosecretario Nacional Colegio de Profesores de Chile), Marco Enríquez-Ominami, Tomás Hirsch y Sara Larraín, los tres ex-candidatos a la Presidencia de la República y representantes de los Partidos Progresista, Humanista y Ecologista respectivamente.
He aquí el texto completo de su propuesta:

Este sistema fue impuesto en dictadura y profundizado en 20 años de gobiernos de Concertación; en el gobierno actual se le ha pretendido perfeccionar mediante políticas que acentúan las concepciones privatizadoras y de mercado. El corolario de esta visión mercantilizada, ha sido la brutal (pero sincera) definición que realizó Piñera cuando definió a la educación como un “bien de consumo”; esta definición, aunque irritante, tiene el mérito de mostrar con claridad cual es la visión del gobierno en esta materia, la que por lo demás no difiere sustancialmente de la que se aplicó en los gobiernos anteriores.
La respuesta del gobierno de Piñera y de los poderes fácticos a este clamor ciudadano ha sido la peor posible. Se ha optado por la descalificación, criminalización y represión del movimiento, desviando el foco respecto de lo central de las demandas. La defensa cerrada del negocio educativo ha sido impúdica al tiempo que se ha apostado al desgaste del movimiento en vez de escuchar y dar respuestas efectivas a los indispensables e impostergrables cambios que se exigen por parte de una amplia mayoría ciudadana. Por su parte la supuesta “oposición” en el parlamento ha jugado también un pobre papel, al parecer más interesada en sacar pequeños dividendos del movimiento que realmente impulsar con convicción los cambios de fondo que se demandan, al tiempo que ha sido incapaz de realizar una mínima autocrítica sobre la enorme responsabilidad en la profunda crisis educacional que vive Chile.
Por nuestra parte, valoramos y apoyamos con entusiasmo este movimiento, en especial a los jóvenes estudiantes que han sido el motor fundamental y grandes gestores del positivo remezón que han provocado en una sociedad que parecía anquilosada y condenada a un malsano inmovilismo.
Considerando el contexto anterior, es que venimos en proponer a la ciudadanía de Chile, las que a nuestro parecer son las medidas necesarias para resolver la profunda crisis que vive hoy la educación en Chile. La mayor parte de estas propuestas están tomadas de las propias demandas del movimiento estudiantil y ciudadano. Estamos convencidos que ni las medidas de parche, ni meras rectificaciones en el marco del mismo modelo fracasado son atingentes. La educación chilena necesita cirugía mayor y fundamentalmente romper el paradigma de educación de mercado y reponer la concepción de la educación como un bien social y un derecho humano fundamental que debe ser asegurado para todos y todas.

RECUPERAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DESDE PREESCOLAR A EDUCACIÓN SUPERIOR.
La experiencia de los países con buena educación, muestra que no es posible llegar a ese logro si no es haciendo eje en una fuerte educación pública, la que debe dotada de las condiciones adecuadas para cumplir su tarea. Asegurar el derecho a la educación para todos y todas debe ser una responsabilidad ineludible del Estado y por ello los recursos públicos deben ser fundamentalmente invertidos en toda la red de educación pública, desde preescolar hasta la educación superior y de post-grado.
Para ello, en lo inmediato se debe implementar un plan urgente de recuperación de la educación pública revitalizando los actuales colegios y universidades de este sistema, plan que deberá contar con adecuados recursos financieros y humanos para su efectivización.
Este objetivo de fortalecer la educación pública, incluye la necesidad de ampliar sustantivamente la red de instituciones públicas de Educación Parvularia o Preescolar para alcanzar en el mediano plazo el 100% de cobertura.
También nos parece indispensable que el Estado cree una red de instituciones públicas de Formación Técnica, dando a este sistema una adecuada prioridad para asegurar que sea una opción de estudios superiores efectiva y adecuada a las necesidades del país.
Esta obligación ineludible del Estado debe ser de rango constitucional así como su responsabilidad de asegurar la igualdad de oportunidades y la ausencia de toda forma de discriminación en el acceso a la educación pública.
Esto no resulta contradictorio con el reconocimiento a la existencia de la educación privada y el derecho de la familia a optar por ella. Sin embargo es evidente que por la finalidad social de la educación, la educación privada no debe ser concebida como un negocio ya que la generación de una verdadera “industria educativa” ha sido un importante factor distorsionador y difícilmente ha aportado calidad como mañosamente declara el discurso oficial.

DESMUNICIPALIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DESCENTRALIZADO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR.
Existe un amplio consenso respecto al fracaso del sistema municipal de educación y la urgencia de cambiarlo como modo de administración de la educación pública. Como nueva institucionalidad educativa proponemos crear un Sistema Nacional de Educación Pública de carácter descentralizado y con dependencia del Ministerio de Educación. Este sistema educacional deberá ser financiado adecuadamente en base a presupuesto anual por matricula. La estructura descentralizada debe arrancar desde el nivel regional y dividirse a su vez por zonas territoriales que permitan una adecuada y eficiente administración.
El Sistema Nacional de Educación Pública debe tener un carácter laico, democrático y pluralista y estar exento de toda forma de discriminación.
El actual sistema de educación particular subvencionado deberá adquirir el carácter de “cooperador de la responsabilidad educacional del estado” eliminando por tanto todo carácter comercial o lucrativo. Simultáneamente debe terminar el sistema de financiamiento compartido por ser factor de discriminación y fuente principal del negocio educativo. Los actuales establecimientos PS podrían continuar funcionando, pero sus administraciones deberán ser sin fin de lucro, no podrán efectuar cobros a las familias y deberán regirse por los planes y programas del sistema público de educación. Para ello debe darse un plazo prudente para que los actuales sostenedores privados que reciben aporte público asuman la nueva normativa o se retiren de sistema subvencionado.
En lo inmediato y por el tiempo necesario se deberá congelar la autorización de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Posteriormente se debe autorizar el funcionamiento en aquellas comunas donde sea necesario, en base a estudios demográficos y educacionales.
Todos los establecimientos escolares, públicos y privados, deberán permitir y promover la participación amplia y real de los diferentes estamentos, fomentando y promoviendo el concepto de “comunidad escolar” en contraposición a la idea de “proveedores y clientes” que se ha impuesto hoy.

SE DEBE TERMINAR CON EL LUCRO EN LA EDUCACIÓN.
Categóricamente afirmamos que el lucro en la educación termina por corromper y distorsionar su finalidad esencial. Por ello exponemos que debe tenderse a la eliminación absoluta del lucro en el conjunto del sistema educacional.
Sin perjuicio de lo anterior, como medida inmediata debe ponerse fin al lucro en toda institución escolar que reciba fondos públicos.
En cuanto a las universidades privadas, es menester aplicar con rigor la ley que establece que se trata de instituciones sin fin de lucro, incluyendo una celosa fiscalización de las trampas que se realizan por sociedades paralelas relacionadas con los dueños de las instituciones y a través de las cuales se ha burlado la ley por décadas. Esta normativa debe extenderse a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

FORTALECIMIENTO A LA PROFESIÓN DOCENTE
Estamos convencidos que la base fundamental del hecho educativo se da en la relación de profesor y alumno. Ninguna red burocrática ni recetas iluminadas desde las altas esferas pueden reemplazar o dirigir eficazmente lo que ocurre en la sala de clases o ámbito educativo. Es en la Escuela y en la relación directa de los docentes con sus estudiantes donde se realiza la esencia de la educación.
Por lo anterior es clave, para desarrollar la educación en Chile, apoyar y fortalecer la labor de educadoras y educadores. Eso implica instaurar una Carrera Profesional Docente que otorgue condiciones salariales, laborales y profesionales adecuadas para un buen desempeño, al tiempo de estimular a jóvenes de alto nivel académico a elegir esta profesión.
Chile debe confiar en sus educadores. Es profundamente equivocada la premisa de que el docente controlado y amenazado por el despido funcionará mejor. Le experiencia demuestra que aquello solo genera altos niveles de stress en los educadores y sus negativas consecuencias las sufren los estudiantes. Confiar en el profesorado significa dotarlos de autonomía profesional al tiempo de otorgarle posibilidades permanentes de perfeccionamiento y actualización; se deben estimular la cooperación y el trabajo en equipo entre los docentes y no la malsana competencia que propicia el sistema actual.
A su vez se debe generar una política nacional de formación inicial docente. Este es un asunto que de manera alguna debe quedar librado al mercado ni a la ley de oferta y demanda. Se debe asegurar que todo profesional de la educación se ha formado en una alta exigencia académica y ética y para ello el Estado debe respaldar a las instituciones formadoras de docentes y a la vez fiscalizar que cumplan adecuadamente esta importante tarea.

REVITALIZACIÓN A LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL SECUNDARIA.
Chile necesita una profunda reforma a la educación técnico-profesional. Se trata de una modalidad en profundo abandono y eso requiere una urgente rectificación. Los petitorios de los estudiantes secundarios son un punto de partida que debe ser revisado con atención ya que son ellos los directos afectados por las severas deficiencias y abusos que sufre este sector.
Es necesario dotarla de recursos para una adecuada actualización tecnológica y de infraestructura, revisar y ampliar la oferta de especialidades, normar sus procesos de prácticas y titulaciones y revisar las concesiones de colegios que se han realizado a través del decreto 3166 revirtiéndola en aquellas que no están cumpliendo su finalidad. También es necesario establecer una necesaria articulación con el sector laboral y con las políticas de educación superior técnica.

REVISIÓN A FONDO DE LA CONCEPCIÓN EDUCATIVA IMPERANTE.
A nuestro parecer, la crisis de la educación chilena no es solo de administración e institucionalidad, también lo es de concepción educacional y de contenido pedagógico. La mercantilización de la educación ingresó al aula al concebirse a esta fundamentalmente como un apéndice de la economía y entendérsele como un factor para aumentar la eficiencia productiva y por ende reducírsele dramáticamente en su finalidad. En el reclamo de los estudiantes también subyace este aspecto, lo mismo en los docentes que perciben con angustia como la educación pierde su sentido y finalidad y son presionados hacia una brutal competencia por rendir en las pruebas estandarizadas. Estas pruebas estandarizadas se han asimilado irreflexivamente al concepto de “calidad de la educación” lo que resulta en importantes y muy dañinas distorsiones.
Por lo anterior, nos parece indispensable iniciar una revisión profunda de esta situación para ejecutar cambios profundos que nos permitan contar con una educación que efectivamente sea herramienta de desarrollo humano en el sentido más amplio del término y no meramente de desarrollo económico. Eso implica la elaboración de nuevos planes y programas que permitan contar con una educación verdaderamente integral, contando con adecuado equilibrio entre las diferentes áreas del aprendizaje y propendiendo a estimular las múltiples potencialidades del desarrollo personal y social. Aspiramos a una educación que nos ayude a ser mejores personas y mejor país, no simplemente más productivos y más competitivos.

SE DEBE TENDER HACÍA LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Y EN LO INMEDIATO APLICAR SISTEMA DE ARANCELES DIFERENCIADOS. ARANCELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DEBEN SER REGULADOS
Si la educación es concebida como un derecho, el país debe aspirar a que el sistema público sea gratuito en todos sus niveles, así como también que el sistema privado tenga costos razonables y acordes con la realidad de ingresos de la familia chilena.
En lo inmediato proponemos para las universidades del Consejo de Rectores, un sistema de aranceles diferenciados, similar al que tenían las universidades chilenas hasta el año 1981. Este deberá establecer desde la gratuidad para los sectores menores ingresos y un pago proporcional al resto de los estudiantes el que guardará estricta relación con los ingresos familiares, de manera de asegurar que la familia chilena no se estrangule económicamente por tener hijos en la educación superior. Un sistema similar deberá aplicarse para las instituciones públicas de Formación Técnica. Un plan gradual de financiamiento, vía reforma tributaria, debería llevarnos en el mediano plazo a un sistema de gratuidad total, el que se financiará mediante los impuestos progresivos que pagarán los chilenos y las empresas en relación a sus ingresos y utilidades, así como también mediante un aumento sustantivo al royalty de las empresas extranjeras que extraen recursos naturales de nuestro país.
Estos conceptos de GRATUIDAD y ARANCEL DIFERENCIADO, se diferencian sustancialmente del concepto de BECAS que se ha instalado mañosamente como idea de gratuidad. La gratuidad y arancel diferenciado están asociados a un derecho y no a un beneficio o una dádiva como es el caso de las becas. Alertamos de la trampa y engaño que significa hablar de un 60 o 70% de becados como sinónimo de gratuidad en circunstancias que no más de un 15% de ellos cumplirán los requisitos para acceder a dichas becas.
Junto con lo anterior, las Universidades Públicas y del Consejo de Rectores deberán contar con un financiamiento basal adecuado que les permita cumplir adecuadamente con su rol social y de desarrollo-país. Dada la responsabilidad que implica recibir fondos de todos los chilenos, estas instituciones deberán rendir cuenta pública periódica de su tarea, así como también someterse a diversos mecanismos de fiscalización y evaluación del cumplimiento de sus objetivos, los que implicará el perfeccionamiento de los existentes actualmente y eventualmente la creación de otros nuevos.
Los aranceles de instituciones privadas de educación superior deben ser controlados. Al eliminarse toda forma de lucro en la educación, muchos cobros excesivos deberían perder sentido, pero en caso de no operar una autorregulación efectiva, el Estado debe poder intervenir corrigiendo el abuso de los costos desmesurados.
En cuanto al financiamiento de estudios, cuando se requiera, proponemos la creación de un Crédito del Estado, sin intereses, que permita financiar estudios de aquellos que deban pagar. Este podrá incluir a quienes pudieran optar por alguna institución privada, siempre y cuando se trate de instituciones aprobadas en un sistema riguroso y confiable de acreditación.
Todas, las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, deberán garantizar y promover el derecho a la organización y participación de todos los estamentos miembros de sus comunidades, es decir, estudiantes, académicos, docentes, funcionarios y/o trabajadores, según corresponda.

REFORMA TRIBUTARIA PARA FINANCIAR ESTAS REFORMAS
Ciertamente las reformas educacionales planteadas requieren de un financiamiento extraordinariamente mayor al actual. Ello hace necesario abordar en lo inmediato una reforma tributaria que permita la recaudación de los recursos para financiar estos indispensables cambios para Chile. A lo menos se debe aumentar el impuesto de 1º categoría para las grandes empresas, así como también a las utilidades devengadas y no sólo las retiradas; Así mismo se debe revisar y aumentar en corto plazo el Royalty minero, alcanzando los niveles promedio que existen en la mayoría de los países, sin perjuicio que estimamos que en el mediano plazo Chile deberá recuperar sus riquezas mineras a través de un proceso de nacionalización de las mismas.

SARA LARRAIN - ex candidata presidencial. Partido Ecologista
TOMAS HIRSCH - ex candidato presidencial. Partido Humanista
MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI - ex candidato presidencial. Partido Progresista
MARIO AGUILAR - Prosecretario Nacional Colegio de Profesores de Chile