Corresponsal de paz, Jueves 29 Abril 2010En Oaxaca, al sureste del país, un comando paramilitar baleó varios vehículos donde viajaban defensores de derechos humanos, profesores y periodistas. En la agresión dos observadores perdieron la vida, otros integrantes quedaron heridos, y varios activistas y comunicadores siguen desaparecidos.
Organizaciones mexicanas e internacionales denunciaron enérgicamente la desaparición de 19 activistas y ocho periodistas, tras una emboscada paramilitar que detuvo y baleó a una caravana formada por un centenar de personas.
Los hechos ocurrieron en el estado mexicano de Oaxaca, al sureste del país.
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque a varios vehículos en los que viajaban defensores de derechos humanos y varios periodistas.
La agresión tuvo lugar el pasado martes (27 de abril) en una zona indígena, conocida como la Sabana, cerca de San Juan Copala, en una región habitada por triquis oaxaqueños.
Asesinados, heridos y desaparecidosComo resultado de la agresión, murieron la activista Beatriz Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa. Otras personas resultaron heridas y se reportó también la desaparición de dos periodistas.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) de España alertó también en una nota sobre el destino de Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista mexicana Contralínea, y de quienes se desconoce su paradero hasta este momento.
Según la CGT, tras las agresiones de los paramilitares a los habitantes del Municipio de San Juan Copala, en el estado mexicano de Oaxaca, diversas fuentes cifraron en cinco –y no dos- las personas muertas durante el ataque, así como la desaparición de 22 personas más.
En un comunicado, la representación de la Alta Comisionada en México manifestó preocupación por el clima de impunidad que ha prevalecido en la zona indígena Triqui, y por la proliferación de grupos civiles armados en la región que operan sin control de las autoridades estatales.
Un poblado en estado de sitioDesde hace meses, los paramilitares mantienen sitiado a este municipio mexicano, que se declaró autónomo el 1 de enero de 2007.
En este lugar –afirma el texto de la CGT- es imposible el desarrollo normal de la vida: no hay luz eléctrica, ni agua, ni médicos; las clases están suspendidas desde enero pasado y las mujeres son acosadas cuando salen a buscar agua y comida por los paramilitares, que forman un retén permanente en la comunidad.
Precisamente debido a esta situación fue que se puso en marcha una Caravana de Solidaridad en la que participaban también observadores internacionales, con el objetivo de brindar apoyo, romper el cerco mediático y documentar la situación en esta región donde se encuentra el municipio autónomo.
En la caravana siniestrada, también viajaban maestros mexicanos que tenían el objetivo de reiniciar las clases, así como defensores de derechos humanos y observadores internacionales de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, así como periodistas y miembros de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano.
En un comunicado, la Oficina de la ONU llamó a las autoridades responsables a que conduzcan una investigación “imparcial, expedita y efectiva” de los hechos, que tenga como objetivo el procesamiento y la sanción de los responsables.
No es el primer suceso violentoDe acuerdo a la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos humanos (CCIODH), este cerco tiene como objetivo impedir el libre autogobierno que había sido declarado en la zona indígena.
“Los paramilitares impiden la realización de clases, cortaron el suministro de agua, e impiden la llegada de mercancías al municipio”, dice un documento la CCIODH.
La violencia en la zona triqui ha sido calificada como una situación “incontrolable”, debido a la ausencia total de justicia en los numerosos asesinatos y hechos violentos que se han registrado en esta comunidad, donde se justifica de forma implícita el derecho de hacerse justicia por sí mismo, creando así un clima de terror en la región, menciona el comunicado.
Las múltiples agresiones nunca han sido investigadas, ni sancionadas, lo cual ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad, concluye la Comisión.
En este clima de violencia, fueron asesinadas Teresa Bautista y Felicitas Martínez de 22 y 20 años de edad, respectivamente, ambas locutoras y reporteras de la Radio Comunitaria “La Voz que rompe el silencio”, del Ayuntamiento Popular de San Juan Copala.
Los hechos ocurrieron en abril de 2007 –hace exactamente dos años- y las jóvenes cayeron también víctimas de una emboscada.
Asimismo, se tiene el registro de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, el 5 de julio de 2007, sin que hasta la fecha se conozca su paradero o se haya concluido la investigación.
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, además de pedir una investigación expedita, también exhortó a las autoridades mexicanas para que adopten las medidas necesarias que disminuyan la tensión y la violencia en la zona.
“Es necesario el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas a fin de velar por el respeto de los derechos de las comunidades indígenas”, dijo el organismo en un comunicado.
