Protestan en España contra polémica reforma del sistema judicial

Madrid, 12 dic (PL) Asociaciones de abogados, jueces y fiscales y representantes de la ciudadanía se pronunciaron hoy contra las reformas al sistema judicial del Gobierno español, a las que consideran un ataque brutal al Estado de derecho. Miles de trabajadores de ese sector paralizaron este miércoles sus labores durante una hora para protestar contra los cambios proyectados en la Administración de Justicia por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP).
En concreto, rechazan una controvertida ley de tasas judiciales aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, al estimar que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
La protesta fue convocada por 18 agrupaciones judiciales de un espectro ideológico muy diverso, en las que convergen desde asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales a sindicatos y usuarios.
A juicio de todas ellas, las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, intentan mercantilizar y privatizar la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos como la educación y la salud.
Advirtieron del coste para los derechos de los ciudadanos que tendrán proyectos como la citada ley de tasas, la cesión a registradores o notarios de trámites realizados hasta ahora de manera gratuita por el Registro Civil o la práctica desaparición de los jueces sustitutos, entre otras políticas.
En la sede de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, los representantes del Poder Judicial interrumpieron su actividad durante una hora bajo el lema En defensa de la Administración de Justicia.
La huelga parcial se repitió en las sedes judiciales de otras ciudades españolas, donde se realizaron además concentraciones para exigir la dimisión de Ruiz-Gallardón.
Una encuesta difundida a finales de noviembre por el Consejo General de la Abogacía Española indicó que el 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia.
Para las asociaciones profesionales, esos aranceles sólo beneficiarán a empresas, bancos y grandes patrimonios, que podrán abonarlos, mientras que perjudicarán a las clases medias y trabajadoras.
En opinión de la coalición Izquierda Unida (IU), las tasas judiciales se enmarcan en el avance de los procesos privatizadores emprendidos por Rajoy y supone un salto cualitativo en el desmantelamiento de los servicios públicos, incluida la justicia.
Estas nuevas tasas afectan a algo tan elemental como la tutela judicial efectiva y la justicia universal y convierten en papel mojado el derecho de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano ante las administraciones públicas, precisó IU.
Fuente: Prensa Latina