El gobierno de José Mujica quiere impulsar un paquete de 15 medidas para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana en Uruguay. Entre ellas se encuentra la legalización de la marihuana, una propuesta que aún espera su aprobación en el Congreso, pero que ya ha generado polémica.
Este martes, el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, dijo que Uruguay violaría gravemente la convención de la ONU contra las Drogas si despenaliza el consumo de marihuana.
Sin embargo, desde el ejecutivo uruguayo defienden firmemente esta postura para luchar contra el narcotráfico. “Alguien tiene que ser el primero, porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y la criminalidad en el continente. Tenemos que buscar otro camino”, dijo Mujica.
Según Julio Calzada, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, en los últimos años se ha producido un aumento de la violencia en el país, asociada, en muchos casos, al consumo de pasta base de cocaína por ciertos sectores sociales. Ante esto, la legalización del cannabis para separar estos mercados aparece como la mejor opción para “romper con el efecto góndola”, es decir, cuando un usuario de marihuana va a una ´boca´ en busca de la droga y al no encontrarla consume en su lugar pasta base, explica Calzada a Radio Nederland.
Compromiso desde el gobierno
El modelo uruguayo de legalización de la marihuana propone que sea el Estado el encargado de regular la producción, que la venta esté limitada al territorio nacional y que el consumo máximo sea de 30 gramos al mes por persona. De esta manera creen que es posible luchar contra el ´narcoturismo´ y el comercio ilegal.
“No queremos avanzar con una propuesta que implique un intercambio con el mercado negro sino todo lo contrario, orientarla a combatirlo; especialmente el mercado de la pasta base de cocaína”, dice Calzada. Así, la propuesta uruguaya quiere ir más allá del modelo de tolerancia que existe en otros países. “En Holanda, por ejemplo, tienen una situación un poco particular porque el Estado mira hacia otro lado. El gobierno ha regulado la venta pero no la producción, y así los coffeeshops se alimentan del mercado clandestino, porque el Estado no les pregunta a los dueños de estos locales de dónde proviene la mercadería que venden. Nosotros creemos que ésta es una incongruencia de la experiencia holandesa, aunque valoramos muy positivamente los resultados que han obtenido”, cuenta Calzada.
Por eso, el gobierno uruguayo se reservaría, de momento, el monopolio de la producción y no contempla la posibilidad del autocultivo, algo que han demandado los activistas a favor de la legalización del cannabis. Sin embargo, tampoco descartan esta posibilidad siempre y cuando sea “regulado” y, por lo tanto, “los usuarios tendrían que registrarse y el Estado tendría que inspeccionar lo que plantan”, explica Calzada.
¿Consumo responsable?
Ante la novedad de la legalización, cabe preguntarse si la sociedad uruguaya está preparada para hacer un consumo responsable de esta droga, ya que se estima que alrededor de 75.000 uruguayos consumen marihuana al menos una vez al mes. “Ésta no es una iniciativa aislada ni un salto al vacío, pues es algo que ya se ha venido discutiendo en la sociedad uruguaya. En este momento hay en el Parlamento dos proyectos de ley que tienen el apoyo de los cuatro partidos con representación parlamentaria. Esto no quiere decir que la posición de los partidos sea unánime, aunque sí en términos favorables, y eso da cuenta de que hay una madurez en la sociedad para discutir estos temas”, dice Calzada.
¿Nueva política antidrogas latinoamericana?
La posibilidad de buscar una opción alternativa a la ´guerra contra las drogas´ y la política de prohibición a ultranza liderada por Estados Unidos ya se había planteado en la región. Sobre todo, el debate cobró fuerza a raíz de la Cumbre de las Américas celebrada el pasado mes de abril en Cartagena de Indias, Colombia, donde los principales líderes latinoamericanos hicieron un llamamiento a Estados Unidos para valorar la posibilidad de regular el comercio del tráfico de estupefacientes en la región.
“El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha planteado avanzar en este sentido de forma colectiva. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha planteado la necesidad de la legalización directamente, y nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de una regulación de este mercado con una fuerte presencia del Estado”, dice Calzada.
“Nos hemos estado preguntando: ¿cuál es la efectividad de las políticas que se han estado realizando? ¿Es la única alternativa? Y nos hemos respondido que no, que más de lo mismo es un camino sin salida que conduce a agravar la espiral de violencia, las situaciones socio sanitarias de los usuarios de droga, a agravar las dificultades de convivencia social y la violencia. Creemos que tenemos que intentar recorrer otro camino.”
Un camino que, por el momento, Uruguay inicia en solitario.
Fuente: Radio Nederland.
0 comentarios:
Publicar un comentario