Los cancilleres reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata aprobaron este viernes una "cláusula democrática" que, por primera vez, establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que amenacen el orden constitucional y el Estado de Derecho en los países miembros.
El "proyecto de declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica", responde a una propuesta de Ecuador y es consecuencia del reciente intento de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa y del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el pasado año.
"Manifestamos nuestro rechazo y condena a todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones en cualesquier Estado de Miembro de la Conferencia Iberoamericana", señala.
La Cumbre adopta una "cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del Orden Democrático, de la Soberanía de los Pueblos, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".
El documento establece que si un gobierno "constitucional" considera que existe amenaza de ruptura o alteración del orden democrático, podrá notificarlo a la Secretaría pro Témpore, que informará al resto de miembros para adoptar medidas concretas de cooperación y un pronunciamiento para la defensa de la institucionalidad.
En caso de ruptura del orden constitucional, la Secretaría Pro Témpore convocará una reunión extraordinaria de cancilleres para que, por consenso, decidan las medidas a adoptar.
Estas medidas van desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión del derecho del Estado a participar en los órganos de la Conferencia Iberoamericana, así como "del goce de los derechos y de los beneficios" que se derivan de pertenecer a esta comunidad.
La cláusula establece el fin de estas medidas "cuando se determine, sobre la base de evaluaciones periódicas de la situación, que las causas que motivaron su adopción fueron plenamente superadas".
Esta fórmula, que no alude directamente a sanciones comerciales, es mucho más ambigua que las aprobadas en otros foros de integración regional, como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La cláusula democrática aprobada por Mercosur en 1998, y que contempla también la posibilidad de expulsión, ha sido adoptada como norma en las legislaciones de cada uno de los socios (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
El acuerdo aprobado por Unasur en la reciente Cumbre de Guyana incluye sanciones más contundentes como el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con el país que sufra una asonada.
Fuente: agencia EFE.
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