José Carbonelli denunció a los dueños del Grupo Clarín por “asociación
ilícita y encubrimiento de terrorismo de Estado”, y a Carlos Menem por
“apropiación irregular" de la señal de TV "por parte del multimedio y la
violación del pliego licitatorio”.
La denuncia por encubrimiento del terrorismo de Estado se fundamenta en
"la complicidad de Menem y los dueños del multimedio en ocultar la deuda
millonaria de 3.500.000 de dólares que el canal (entonces) estatal
debía al empresario Reynaldo Defranco Fantín, antes de su
privatización", detalla el ex delegado José Carbonelli en la demanda.
A la vez, agrega que el empresario "fue estafado, secuestrado y detenido
por más de tres años por la dictadura cívico militar, y al no
reconocerles el pago de esa deuda fueron encubridores, en vez de
saldarla y denunciar el delito por terrorismo de Estado”.
Carbonelli dijo que este caso “hoy se está investigando en la justicia como delito de lesa humanidad”.
El ex delegado denunció ante la Justicia “al CEO del Grupo, Héctor
Magnetto, como jefe de la asociación ilícita, por ser el coordinador de
la pluralidad de planes delictivos que viene cometiendo y que ahora
intenta victimizarse”.
Carbonelli refirió: “No podrá acallar más nuestras denuncias sobre el
defalco de 15 millones de dólares cometido por el Grupo en perjuicio del
Estado y de los trabajadores en la adquisición irregular de la Licencia
de Canal 13, que fuera abonada a un valor irrisorio de cinco millones
de dólares".
"Y que además -agregó- fue pagada con los siete millones de dólares que
ARTEAR S.A. nos robó de nuestros salarios a los trabajadores, probado
por Resoluciones del Superior Tribunal de Cuentas de la Nación, el
Ministerio de Trabajo y por la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo”.
El denunciante fundó el derecho “en lo normado por el artículo 210 del
Código Penal, ya que la asociación ilícita supone una asociación
estable, permanente, racionalizada y que se caracteriza por la
eficiencia y la astucia de sus miembros en el quebrantamiento de la
ley”.
“La asociación ilícita no produce resultado visible en el mundo exterior
y su prueba depende o del propio reconocimiento de los delincuentes o
por el número de delitos que en común acuerdo llevan a cabo, como la
condonación millonaria de 310 millones de dólares en perjuicio del
Estado que el ex presidente Menen, a través de dos decretos, le otorgó
al Grupo, por incumplimientos de deudas por no pago de gravámenes y
multas”.
“Con ese dinero ahorrado se apropiaron de más de 300 licencias de
televisión por cable en todo el país, y ese robo al Estado fue
comprobado por la Sindicatura General de la Nación ante el ex COMFER”,
completó Carbonelli.
Fuente: Télam
lunes, 10 de diciembre de 2012
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