Esta polémica involucra una pelea sin antecedentes entre grandes fondos de riesgo, donde por un lado están los buitre, que litigan por el 100%, y por otro los `hedge funds`, que compran a precios ganga, en el piso de las cotizaciones, pero luego adscriben a los canjes. También comprende a expertos en finanzas mundiales que cruzan los dichos de los juristas de Estados Unidos.
El gurú de los economistas del momento, el premio Nobel Nouriel Roubini, reconocido por haber predecido la crisis de las hipotecas subprime de 2008, se sumó a las voces de expertos del sistema financiero internacional que se mostraron en contra de la actitud que tomó Griesa.
El magistado consideró que se violó el tratamiento igualitario a los acreedores (el pari passu) y dispuso la obligación de pagarles a los fondos buitre el 100% de lo adeudado, con fondos que pertenecen a quienes ingresaron al canje de la deuda de 2005 y 2010.
Otra de las voces es nada menos que la de Anne Krueger, la ex numero dos del FMI y bautizada por los argentinos como "la dama de hierro", que padecieron los sucesivos gobiernos de la Alianza, de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner.
En declaraciones recientes publicadas en el diario Financial Times, y lejos de comulgar con la Argentina, Krueger consideró que "a menos que se revoque este fallo, se abrirá una caja de Pandora que habrá que arreglar de alguna manera".
Krueger propuso un nuevo sistema para las restructuraciones soberanas advirtiendo problemas en el mecanismo actual (denominado SDRM, por sus siglas en inglés) en 2001, y su idea fue desechada por el ex presidente estadounidense George Bush.
Por entonces, el republicano Bush atendió el fuerte lobby de los acreedores, que se negaron a la existencia de un veedor internacional para las soluciones vigentes de mercado.
En consecuencia, prosperaron las aplicaciones de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC, por sus siglas en inglés), acerca de la utilización de mayorías en los contratos, lo que resultó una "concesión" de los fondos y bancos de inversión a los gobiernos desarrollados, que impulsaron su aplicación a través del G7.
Con estas mayorías, que fueron utilizadas en un primer momento en México y luego por la Argentina recién con los nuevos bonos de 2005 y 2010, los gobiernos podían forzar a quienes rechazaban una oferta de canje.
Recientemente el uso de estas cláusulas de mayorías se observó para concretar el canje griego, para obligar al 100% de los acreedores a ingresar a la oferta, en el tramo de deuda de legislación local (quedaron entre 6.000 millones y 8.000 millones de dólares en holdouts con legislación extranjera).
Pero, para Roubini, la aplicación de las CAC no le pone punto final al problema de los fondos buitre: marca un contrapunto con la postura de la Corte de Apelaciones que avaló la interpretación de Griesa de que la Argentina violó la cláusla del pari passu, el tratamiento igualitario a los acreedores.
Aquí se suman voces de abogados internacionales y locales, que advierten que aún con el uso de las CAC un fondo buitre podría reunir la mayoría de una serie de emisión de deuda y frenar un proceso de reestructuración soberano.
Al igual que el gobierno argentino, Roubini habla de un "vacío legal de la arquitectura financiera internacional", por la que la Argentina mantiene una disputa abierta con los fondos buitre desde hace 10 años, pese a haber restructurado exitosamente el 93% de su deuda.
Como solución, Roubini desempolva el viejo enfoque de Krueger, al que llama un "enfoque estatutario", del que no abundó en detalles.
El enfoque de Krueger preveía un sistema de solución de deudas soberanas al estilo del capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, pero sostenía que el veedor o juez debía ser el propio FMI.
El gobierno argentino, que sí adscribe a una nueva solución, rechaza de plano que sea el FMI "el juez y parte de esta historia", según consideran desde el Ministerio de Economía.
Esto es porque consideran que el mismo FMI promovió, en los 80 y 90, con el nacimiento del Plan Brady, el mecanismo vigente con sus falencias, donde las deudas de los sindicatos de los grandes bancos se transformaron en bonos, que pasaron a tener acreedores desconocidos diseminados por el mundo.
A través de sus reclamos en el G20, que fueron recientemente reforzados durante la última cumbre de la UNASUR, en Lima, el Gobierno busca ponerle freno a la embestida de los fondos buitre, que aprovechan al máximo estos vacíos legales para arrinconar a los gobiernos.
Allí se promovió una propuesta que incluye la necesidad de crear mecanismos generales de restructuración de la deuda soberana; la resignificación del sistema CIADI; y la revisión de los tratados bilaterales internacionales y de las calificadoras de riesgo; para lo que se propuso una reunión extraordinaria del bloque para febrero del año próximo.
Fuente: Télam
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