La feroz campaña de intimidación en contra de Wikileaks está estremeciendo a defensores de la libertad de prensa en todo el mundo. Expertos legales opinan que es probable que Wikileaks ho haya vulnerado ninguna ley. Sin embargo, destacados políticos estadounidenses lo han tachado de grupo terrorista y se ha llegado a insinuar que habría que matar a los miembros de su equipo.
Pressenza, Washington. La organización está sufriendo un ataque masivo por parte de gobiernos y corporaciones, pero WikiLeaks se está limitando a publicar información facilitada por confidentes, en colaboración con algunos de los periódicos más prominentes del mundo (New York Times, The Guardian, Spiegel, El País), quienes examinan cuidadosamente la información antes de publicarla.
Esta gigantesca intimidación extra-judicial constituye un ataque a la democracia misma. Por eso Avaaz nos llama a alzar nuestras voces en defensa de la libertad de prensa y expresión. Convoca a firmar una petición para poner fin al asalto, y reenviar el mensaje a fin de reunir 1 millón de voces esta semana y publicar anuncios a toda página en periódicos en los EE.UU.
WikiLeaks no está actuando sola. Está trabajando conjuntamente con destacados periódicos a nivel mundial (New York Times, Guardian, Der Spiegel. El País, etc) para evaluar cuidadosamente 250,000 cables diplomáticos de los EE.UU. y eliminar cualquier información cuya publicación fuese irresponsable. Solamente 800 cables han sido publicados hasta la fecha. Anteriores revelaciones de WikiLeaks han destapado casos de tortura a manos de gobiernos, el asesinato de civiles inocentes en Irak y Afganistán, y escándalos de corrupción en el seno de grandes corporaciones.
El gobierno de los EE.UU. está agotando todos los posibles cauces legales para impedir que WikiLeaks publique más cables, pero lo cierto es que las leyes democráticas protegen la libertad de prensa. Es muy posible que los Estados Unidos y otros gobiernos no sean partidarios del tipo de legislación que protege la libertad de expresión, pero es precisamente por ello por lo que es crucial que existan dichas leyes, y que sólo a través de un proceso democrático sea posible reformarlas.
Es normal que existan desacuerdos sobre si WikiLeaks, y los periódicos con los que está colaborando, están diseminando más información de la que los ciudadanos debieran conocer; o si las informaciones publicadas debilitan el principio de confidencialidad diplomática, y si eso es algo bueno. O sobre si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tiene la personalidad de un héroe o de un villano. Pero nada de esto justifica la encarnizada campaña de intimidación dirigida a silenciar un medio de comunicación legal emprendida por gobiernos y corporaciones.
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