La disposición, que en la práctica supone la bajada del poder adquisitivo de los jubilados, recibió 178 votos a favor -todos del PP-, 148 en contra y una abstención.
Todo el arco opositor rechazó la decisión del Palacio de la Moncloa (sede del poder central) de no actualizar las pensiones según el aumento de la inflación y acusó al Ejecutivo de quitar un derecho a los ciudadanos.
Los grupos parlamentarios, incluidos aquellos que suelen respaldar las resoluciones de Rajoy, calificaron esta medida de injusta y anticonstitucional.
Durante el debate, las fuerzas representadas en el Congreso acordaron firmar un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerar que la decisión de no actualizar esa paga conculca un derecho consolidado de los pensionistas.
Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, y Unión, Progreso y Democracia vetaron a última hora la firma en este recurso de la formación independentista vasca Amaiur.
De esta forma, la demanda de inconstitucionalidad estará suscrita por casi todas las agrupaciones a excepción de Amaiur y Esquerra Republicana de Cataluña, que calificó el veto a los vascos de atentado a la democracia.
Con su polémico decreto, la administración del PP renunció así a la única de las promesas que Rajoy había mantenido tras romper su programa electoral con la subida del IVA, establecer el copago sanitario, abaratar el despido y rebajar el subsidio a los desempleados.
En defensa de la norma intervino la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para quien se trata de una medida tomada desde la "sensatez" para cumplir con las exigencias de déficit y asegurar la viabilidad del sistema de pensiones.
Durante sus comparencias, numerosos diputados ironizaron que para resolver los grandes problemas del déficit público el Gobierno no tiene en cuenta el dinero que se otorga a la reestructuración bancaria.
Fuente: Pressenza
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