Después de las cometidas en Columbine (1999), en Virginia Tech
(2007), y en Denver (en julio pasado) la matanza de este viernes en una
escuela de Newtown, Connecticut, ha sido la peor, con saldo de 27
muertos, entre ellos 20 niños, lo que vuelve a poner en carne viva el
debate nacional sobre la posesión de armas de fuego.
El autor de la masacre, identificado por las autoridades como Adam
Lanza, de 20 años de edad, tenía aparentemente problemas de conducta.
Una legislación aprobada por el Congreso en Washington en 1993, la ‘ley
Brady’, obliga a verificar los antecedentes penales y psiquiátricos de
quienes vayan a adquirir armas de fuego, pero como se ha dicho
repetidamente a la hora de aplicar la ley existen fallas.
“Como nación, hemos sufrido demasiadas de estas tragedias en los
últimos años—dijo tras el suceso el presidente Barack Obama–. Tenemos
que unir fuerzas y tomar medidas significativas para prevenir más
tragedias como esta”.
Pero como muchos otros en el país, el estado de Connecticut, donde
ocurrió el tiroteo, no exige un permiso especial para poseer rifles o
pistolas, y sólo requiere que el comprador sea mayor de 21 años. Las
leyes estatales tampoco obligan a poseer un permiso especial para
comprar rifles o escopetas, sólo cuando se trata de pistolas.
Los partidarios de la posesión de armas de fuego, que son mayoría
en el país, amparan su defensa en la Segunda Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, que, efectivamente, les garantiza ese derecho. Y en
la práctica las tienen en sus hogares millones de cazadores,
coleccionistas y ciudadanos respetuosos de la ley quienes además no
consideran que el estado tenga obligación de protegerles y esgrimen el
derecho a la autodefensa.
Los que se oponen a la posesión de armas alegan que a pesar de los
controles existentes también tienen acceso a ellas miles de asesinos y
desequilibrados mentales. El gran argumento de los grupos de presión
contra la posesión de armas de fuego es que estas son disparadas contra
más de 100.000 personas al año, y sólo en 2010 hubo más de 30.000
víctimas.
Sin embargo, los legisladores que defienden la posesión también son
muy activos, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle,
fundada hace más de un siglo como una pequeña organización de
entusiastas de las armas y cazadores, se ha convertido en la actualidad
en uno de los grupos políticos con más poder en el país.
No obstante, el hecho más significativo es que sólo uno de cada
cuatro estadounidenses, un número récord, está a favor de una
prohibición total de la posesión de armas de fuego en el país, según
reveló a fines del año pasado una encuesta hecha por la firma Gallup.
Eso a pesar de que el sondeo se llevó a cabo escasos meses después del
balazo dado en plena vía pública a la congresista Gabrielle Giffords en
Arizona, un suceso que conmocionó a todo el país.
En medio de un escenario en el que unos sostienen que las armas no
matan por sí solas mientras otros apuntan que estas son las causantes de
que el país esté poseído por una cultura de la violencia, las
autoridades se ufanan de que en la última década se hicieron 100
millones de revisiones de antecedentes penales a la hora de vender un
arma de fuego y se negaron más 700 mil. Lo que está claro es que algo en
el sistema no funciona bien.
Fuente: Pressenza
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