Organizaciones populares están presionando a las
autoridades del estado de Río de Janeiro (sudeste de Brasil) para que la
concesión a la iniciativa privada del estadio Periodista Mario Filho,
más conocido como Maracaná, sea decidida por la población carioca
durante un plebiscito. Treinta y tres diputados y diputadas ya acogieron
la idea.
El pedido de realización del plebiscito fue enviado ayer
(13) a la mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Estado de Río
de Janeiro (Alerj). En nota pública divulgada hoy (14), el Comité
Popular de la Copa y de las Olimpíadas de Río de Janeiro afirma que la
adhesión de los/las diputados/as es el resultado de la movilización
popular realizada el último día 8, cuando el gobierno intentó realizar
una “falsa audiencia pública”, en la que no se pretendía poner en pauta
la privatización del estadio.
Fue durante el intento de realización de esta audiencia,
que cerca de 500 personas, entre integrantes del Comité Popular de la
Copa y de las Olimpíadas de Río de Janeiro, del movimiento ‘El Maraca es
Nuestro’, del Frente Nacional de Torcedores, entre otros, se decidieron
por el plebiscito popular como la mejor forma de deliberar sobre el
futuro de la administración del estadio.
El evento realizado el último jueves no es reconocido
por el Comité como una audiencia pública y por eso los/las activistas
apoyan el plebiscito como modo de abrir verdaderamente el debate sobre
el uso y gestión del estadio y de las instalaciones ubicadas en su
entorno.
La nota pública del Comité también deja en claro que
organizaciones, simpatizantes del fútbol, profesores, padres y alumnos,
indígenas, usuarios del Complejo del Maracaná y demás ciudadanos de Río
de Janeiro van a estar atentos a las decisiones de los parlamentarios
que prestaron su apoyo, reclamando celeridad y compromiso con el caso.
En su manifestación pública, el Comité Popular de la
Copa y de las Olimpíadas también recordó la situación del edificio donde
funcionó, de 1910 hasta 1978, el Museo del Indio. La jueza de apelación
María Helena Cisne, presidente del Tribunal Regional Federal de la 2ª
Región (TRF-2) anuló las dos medidas cautelares que impedían el
derribamiento del edificio histórico y el desalojo de los indígenas que
ocupan el espacio de la Aldea Maracaná.
Las medidas cautelares habían sido concedidas por la
primera instancia de la Justicia Federal a pedido de la Defensoría
Pública de la Unión (DPU). Dos acciones civiles públicas habían sido
juzgadas e impedían el derribo del edificio y el desalojo de cerca de 20
indígenas de diversas etnias, que viven en el terreno donde se ubicaba
el antiguo museo.
El Comité teme que el gobierno de Río de Janeiro actúe
de manera precipitada y arbitraria aprovechando la decisión de la jueza
de apelación e ignorando la necesidad del debate. Por esto, la nota
pública, llama la atención sobre esta situación y hace un pedido.
“Alertamos a todos sobre la inminencia de una acción de
desalojo y demolición en el lugar y convocamos a todos los militantes a
solidarizarse con la lucha de los indígenas participando en la vigilia
que se realiza en el lugar y haciendo circular esta información al mayor
número de personas posible”, piden.
Fuente: Pressenza
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