Reunido en Buenos Aires, Argentina, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió su veredicto sobre cuatro casos de afectación de los recursos hídricos en Argentina, Chile, México y Perú.
El TLA, creado en el 2000, es una instancia alternativa de justicia ambiental cuyos fallos no son vinculantes. Se trata de un tribunal ético y sus pronunciamientos son hechos por expertos en derecho, salud y medio ambiente, con el propósito de alertar a las autoridades nacionales sobre los peligros que enfrenta la sustentabilidad hídrica.
La audiencia de Buenos Aires fue la sexta realizada en América Latina por el TLA, con sede en Costa Rica, y discutió la posible afectación en Argentina de los mantos acuíferos en González Catán, Buenos Aires, las amenazas al medio ambiente y el derecho al agua de los proyectos mineros auríferos Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, y Conga, en Cajamarca, Perú, así como el posible colapso hídrico en México.
En su discurso inaugural, Javier Bogantes, presidente del TLA, manifestó que “es ineludible reflexionar al respecto de las dificultades que muchas poblaciones padecen en América Latina por el impacto de proyectos que dañan sus condiciones de vida”.
Bogantes calificó como “estrategia errónea” la forma en que los gobiernos de toda la región “permiten la realización de proyectos sin prevenir las consecuencias socioambientales en los sistemas hídricos, en la naturaleza y en el equilibrio socioambiental de muchas poblaciones”.
En sus veredictos, el jurado —conformado por los magistrados Philippe Texier, de Francia, y Alexandre Camanho de Assis, de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero, y las abogadas Silvia Nonna, de Argentina, y Giselle Boza Solano, de Costa Rica— se basó en la Resolución 64/292 aprobada en el 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce explícitamente que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” y exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a “intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y saneamiento”.
Además de invocar a las autoridades a que cumplan con la normativa local e internacional vigente y sus propias constituciones, que garantizan el derecho a gozar de un ambiente sano, para los casos de Pascua Lama y Conga el TLA recomendó la suspensión de los proyectos porque afectarán permanente los recursos hídricos de los que dependen las poblaciones de la zona donde operan.
En cuanto al caso de González Catán, el TLA solicitó la intervención inmediata de la Secretaría del Ambiente de la Nación y de la autoridad provincial del agua para que establezcan la relación entre los niveles de contaminación del agua con la existencia de un relleno sanitario administrado por una empresa municipal.
En su veredicto sobre el colapso ambiental en México, el TLA condenó al Estado mexicano por la violación de los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho al agua como un derecho humano.
El tribunal resolvió “condenar la incapacidad de las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. También ha reconocido el creciente deterioro del derecho humano al agua en México y la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos para detenerlo, y ha alertado por los niveles de conflictividad social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla”.
Fuente: Pressenza
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