La
ministra de Seguridad, Nilda Garré, señaló en el Congreso que “el
control de la violencia institucional es un imperativo ético
insoslayable”, al participar en el encuentro organizado por la Campaña
Nacional sobre esa temática.
Durante
el encuentro, desarrollado en el Salón de los Pasos Perdidos del
Palacio Legislativo, la funcionaria explicó los logros conseguidos desde
que asumió en ese ministerio y remarcó que “el poder político no debe
resignar el gobierno político de las fuerzas de seguridad”.
“La seguridad es un derecho y tiene que ser garantizada en el más estricto marco de los Derechos Humanos”, dijo Garré, quien anticipó también “la ejecución de un programa sistemático sobre el uso de la fuerza y armas de fuego”.
Dijo además que “todos los procedimientos de enfrentamientos armados, así como también las causas judiciales, van a ser monitoreados desde el ministerio”.
Por su parte el diputado nacional Leonardo Grosso, integrante del Movimiento Evita e impulsor de la campaña, destacó que la misma “se pensó desde la prevención, y no desde llegar después que sucedan los hechos”.
“Esta campaña no es contra la policía, sino que pretendemos que en algunos distritos el Estado asuma el tema, como lo asume la Nación”, agregó, para señalar también el rol “negativo” de algunos medios de comunicación”.
Grosso instó a los militantes que participaron del encuentro a “construir una red en el territorio que nos permita ir teniendo un control social”.
El presidente del bloque de diputados kirchneristas, el santafesino Agustín Rossi, puso de relieve la experiencia de la violencia institucional en su provincia al diagnosticar que “los sectores humildes son los más desguarnecidos, porque no están alcanzados por las políticas de seguridad”.
“Existe una criminalización o estigmatización de la pobreza”, puntualizó el diputado, al tiempo que sentenció: “La rutina de las fuerzas de seguridad la debe definir el poder político; porque cuando el Estado se ausenta en esta tarea las víctimas también son de los sectores más populares”.
En el encuentro estuvieron presentes militantes de Kolina, Nuevo Encuentro y Movimiento Evita, además de diputados nacionales del Frente para la Victoria y familiares de víctimas de la violencia institucional.
Fuente: Télam.
“La seguridad es un derecho y tiene que ser garantizada en el más estricto marco de los Derechos Humanos”, dijo Garré, quien anticipó también “la ejecución de un programa sistemático sobre el uso de la fuerza y armas de fuego”.
Dijo además que “todos los procedimientos de enfrentamientos armados, así como también las causas judiciales, van a ser monitoreados desde el ministerio”.
Por su parte el diputado nacional Leonardo Grosso, integrante del Movimiento Evita e impulsor de la campaña, destacó que la misma “se pensó desde la prevención, y no desde llegar después que sucedan los hechos”.
“Esta campaña no es contra la policía, sino que pretendemos que en algunos distritos el Estado asuma el tema, como lo asume la Nación”, agregó, para señalar también el rol “negativo” de algunos medios de comunicación”.
Grosso instó a los militantes que participaron del encuentro a “construir una red en el territorio que nos permita ir teniendo un control social”.
El presidente del bloque de diputados kirchneristas, el santafesino Agustín Rossi, puso de relieve la experiencia de la violencia institucional en su provincia al diagnosticar que “los sectores humildes son los más desguarnecidos, porque no están alcanzados por las políticas de seguridad”.
“Existe una criminalización o estigmatización de la pobreza”, puntualizó el diputado, al tiempo que sentenció: “La rutina de las fuerzas de seguridad la debe definir el poder político; porque cuando el Estado se ausenta en esta tarea las víctimas también son de los sectores más populares”.
En el encuentro estuvieron presentes militantes de Kolina, Nuevo Encuentro y Movimiento Evita, además de diputados nacionales del Frente para la Victoria y familiares de víctimas de la violencia institucional.
Fuente: Télam.


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