La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas difundió un comunicado en el
que advierten "a todos los pueblos indígenas de Chile sobre las nuevas
amenazas que afectan la consulta indígena que establece el Convenio 169
de la OIT en relación a unos proyectos que afectarían a tierras de
grupos indígenas.
La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas de Chile denunció este lunes
nuevas amenazas del gobierno de Sebastián Piñera al cumplimiento del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
documento que defiende derechos de los pueblos originarios.
A través de un comunicado, la Alianza critica la forma en que las
autoridades dan curso al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, que consideran excluyente para los pueblos indígenas, ya que
la voluntad y el mandato de los directivos a cargo ha sido mutilar las
consultas realizadas.
“Hoy, en la más completa oscuridad, se ha aprobado el Reglamento del
Sistema de Evaluación Ambiental (...) nadie conoce, salvo algunos
personeros del gobierno actual, su contenido exacto”, se puede leer en
el texto.
El comunicado también advierte que el reglamento que regirá la
evaluación del impacto ambiental de proyectos de diferente tipo, fue
modificado por el Consejo de Ministros y ahora está en manos de la
Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios y luego va a Contraloría,
instancia que puede aprobarlo, rechazarlo o aprobarlo con
modificaciones.
La organización señala que asesores gubernamentales les han señalado
que no consultarían proyectos emplazados en tierras ancestrales, pues
las mismas no están reconocidas por el Estado.
“Es decir, que los pueblos debemos tolerar que los megaproyectos
ubicados en tierras usurpadas y no tituladas, no sean consultados, lo
que viola los artículos 13 y siguientes del Convenio”, señala la Alianza
Autónoma de Pueblos Indígenas, que dice seguir sin saber la real
voluntad del gobierno austral.
El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional
vinculante que defiende los derechos de los pueblos indígenas y
tribales, y que en uno de sus acápites establece que esas comunidades
sean consultadas en relación con los temas que los afectan.
Este convenio exige que estos pueblos puedan participar de manera
informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación
de políticas relacionadas con su progreso.
El gobierno de Sebastián Piñera ha dicho que el proceso de discusión
del reglamento de evaluación de impacto ambiental ha sido complejo y
transparente hacia la comunidad.
De acuerdo con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez,
sacar adelante ese documento ha sido un gran ejercicio de coordinación
entre los organismos del Estado, ONGs y gremios, a través de un proceso
de consulta pública realizado entre junio y octubre de 2011.
Fuente: teleSUR
lunes, 24 de septiembre de 2012
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