Niños,
niñas y adolescentes son más vulnerables en situaciones de riesgo y desastres.
Para proporcionar una mayor protección a estas personas, el Gobierno brasileño
firmó el Protocolo
Nacional para la Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Situación de
Riesgo y Desastres. Luego el Gobierno Federal y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un memorando de intenciones
para crear estrategias de implementación de esta protección.
El
Protocolo de intenciones se firmó en el marco de la 9ª Conferencia Nacional sobre los Derechos
del Niño y del Adolescente, que tuvo lugar hasta este sábado, en
Brasilia (DF). La firma del documento se efectuó, justamente, el día en que el
Gobierno Federal publicó el decreto inter-ministerial que establece el
Protocolo Nacional.
Tati
Andrade, especialista de programas de Unicef, explica que el documento es una
especie de "acuerdo de cooperación" entre el Gobierno y Unicef para
discutir medidas de implementación del Protocolo Nacional. Según la
especialista, el Protocolo Nacional para
la Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en Situación de Riesgo y
Desastres tiene el objetivo de "normar la atención de niños/as y
adolescentes antes, durante y después de los desastres".
Tati
explica que el documento preparado por un grupo interministerial con el apoyo
de Unicef, contempla acciones en todas las etapas, desde la prevención de
desastres y preparación para la minimización de los efectos, hasta aspectos
vinculados a la asistencia durante la emergencia y la recuperación después del
desastre. "Estamos contentos con la decisión del Gobierno [al firmar el
protocolo]. La prioridad [declarada] de niños y adolescentes debe darse en la
práctica ", comenta.
Apoyado
en los reglamentos y declaraciones que destacan la prioridad y los derechos
fundamentales de niños y adolescentes - como la Constitución Federal, el
Estatuto del Niño y del Adolescente e Declaraciones internacionales -, el texto
del Protocolo Nacional destaca que la protección de los niños y adolescentes
debe ser prioridad.
"Ello
porque estos grupos comprendidos en este rango de edad, son especialmente
vulnerables en situaciones de riesgo y desastres, no sólo por las consecuencias
inmediatas (riesgos de muerte, una mayor exposición a enfermedades y
violencia), sino también a largo plazo, con respecto a su futuro desarrollo
(retraso escolar, sufrimiento mental, rehabilitación motora, entre
otros)", argumenta el documento.
Las
acciones del Protocolo deberán ser implementadas a partir de la cooperación
entre la Unión, los Estados y Municipios. La articulación de las entidades
implicadas en la ejecución de las actividades previstas en el Protocolo, el
monitoreo y evaluación de dichas actividades quedan bajo la responsabilidad del
Comité Gestor Nacional, coordinado por la Secretaría de los Derechos Humanos de
la Presidencia de la República y el Ministerio de Integración Nacional.
Fuente: Adital Joven
domingo, 15 de julio de 2012
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