Panamá, 17 mar (PL). El polémico acuerdo entre indígenas y el gobierno panameño sobre hidroeléctricas y minería pasará el lunes a la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (Parlamento) para el primer debate del proyecto de ley especial 415.
De otro lado, hay discrepancias en la comarca ngöbe buglé sobre los dos acuerdos alcanzados tras 15 días de negociaciones en la sede de la ONU en Clayton, zona revertida del Canal de Panamá, que cancelan concesiones mineras y establecen una fiscalización del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
El artículo 5, integrado por siete parágrafos consensuados cancela todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas nacionales o foráneas para explorar y explotar los recursos minerales de la comarca y áreas anexas, pero deja la puerta abierta para negociarlas.
En ese sentido el acuerdo señala que deberán contar con la aprobación del pleno del congreso general, regional o local, y ser sometidos a referendo en la respectiva circunscripción comarcal, lo cual ha provocado rechazo y descontento en algunas bases.
Mientras, en la mesa sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco se resolvió terminar la revisión técnica de la evaluación del impacto ambiental para comprobar en el sitio aspectos sin respuestas satisfactorias.
Pero los trabajos de construcción de la presa se suspenderán solo temporalmente cuando la misión de verificación visite las instalaciones de la obra, lo cual no ha sido aceptado por unanimidad entre los indígenas.
Liborio Miranda, del congreso tradicional liderado por Celio Guerra, dijo desconocer los acuerdos junto a la cacica suplente Mijita Andrade.
La cacica general Silvia Carrera negó haberse vendido y salió a la comarca con el líder de la Coordinadora, Rogelio Montezuma, a explicar el alcance de los acuerdos.
Fuente: Prensa Latina.
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