Comienza este martes en Victoria el juicio en el que se piden 25 años de cárcel para 10 comuneros mapuches por delitos terroristas. Líderes indígenas califican la querella como un montaje y cuestionan el uso de un "testigo protegido".
Los 10 comuneros están imputados por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista". Dos de los acusados son menores de edad.
Se trata de Patricio Queipul y Luis Marileo. Queipul fue buscado por la policía desde los 11 años. Por su parte, Marileo participó en 2 huelgas de hambre para exigir el respeto a los derechos de la niñez mapuche.
Los abogados de ambos menores solicitaron que se inicie un proceso separado para revisar su situación. Es para evitar que los jóvenes también sean juzgados bajo la Ley Antiterrorista.
Los hechos por los que se juzga a los mapuches ocurrieron en octubre de 2009. Fue tras un supuesto atentado en la comuna chilena de Victoria.
Por este motivo, las autoridades locales solicitan penas para los comuneros que van desde los 25 a los 40 años de cárcel.
Vale decir que este juicio ha sido criticado por autoridades indígenas y por juristas. Se debe a que la principal prueba del Ministerio Público para acusar a los mapuches fue aportada por un "testigo protegido".
Esta cuestionada figura legal es amparada por la Ley Antiterrorista surgida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese sentido, el vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Hunchullán, rechazó que "se siga utilizando una ley heredada de la dictadura de Pinochet" para tratar estos casos.
Asimismo, el portavoz calificó al juicio como "un montaje orientado a criminalizar la lucha del pueblo mapuche" por la defensa de la tierra y sus derechos ancestrales. (PÚLSAR)
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