En el Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial, cinco organizaciones piden el fin de las prácticas policiales de seleccionar a personas para comprobar su identidad, basándose exclusivamente en las características étnicas o raciales, y su posterior traslado en numerosas ocasiones a dependencias policiales.
Pressenza, Madrid. En el Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial Amnistía Internacional, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Pueblos Unidos, SOS Racismo y Women's Link Worldwide seguimos exigiendo el fin de la práctica policial de seleccionar a personas para comprobar su identidad basándose exclusivamente en las características étnicas o raciales y su posterior traslado en numerosas ocasiones a comisaría.
En España, la policía puede parar a alguien “que no le parezca español” varias veces en el mismo día, y no porque haya cometido algún delito, sino para comprobar su identidad. Una y otra vez. Da igual que esa persona lleve diez años en el país o que tenga ciudadanía española. Deben demostrar constantemente que no son inmigrantes o que su situación migratoria es regular, a cualquier hora del día y de la noche.
Esta práctica es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las minorías y las personas migrantes. En el año 2009, España fue condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por discriminación racial en el caso Rosalind Williams, a quien la Policía Nacional pidió la identificación en la estación ferroviaria de Valladolid en 1992. De todas las personas que viajaban en el tren, la petición se dirigió sólo a ella, afroamericana de nacionalidad española. Sin embargo, según Viviana Waisman, Directora Ejecutiva de Women's Link Worldwide, “Casi tres años después de la histórica decisión de Naciones Unidas, el cumplimiento de las recomendaciones del Comité sigue estando pendiente. España tampoco ha puesto en marcha ninguna medida para garantizar que sus funcionarios públicos no incurren en este comportamiento.”
Al contrario, “desde Amnistía Internacional hemos denunciado que algunos agentes reciben órdenes para llevar a cabo un número determinado de controles de identidad a personas que parecen migrantes. Tienen que alcanzar unas “cuotas de detenciones” y, a efectos estadísticos, detener a un inmigrante “sin papeles” cuenta lo mismo que detener a alguien acusado de un delito”, ha declarado Virginia Álvarez, portavoz de la organización. La consecuencia es que algunas personas, simplemente por el color de su piel, están sometidas a controles de identidad porque su aspecto físico hace presumir a las fuerzas de seguridad que están en situación de irregularidad en España.
Los controles de identidad alimentan los prejuicios contra las minorías, porque quienes los presencian dan por sentado que las personas a las que la policía pide la identificación han cometido un delito. Sin embargo, estar en situación irregular no es delito. Algo que corrobora Cristina Manzanedo, de la organización Pueblo Unidos: “Estas prácticas de identificación y detención están contribuyendo a criminalizar a las minorías y las personas migrantes. La política actual de identificaciones en la calle y traslados a comisaría es insensata. Fomenta estereotipos sobre la población extranjera como personas peligrosas y delincuentes. Con ello, dificulta aún más su integración social y, a medio plazo, la cohesión social en España, algo que a todos nos interesa”.
Además del fin de esta práctica, las organizaciones pedimos que cese la intimidación de quienes observan o documentan pacíficamente los controles de identidad, como los miembros de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que han sido objeto de acusaciones y multas por parte de los agentes de policía. “Las prácticas de control policial del espacio público también están afectando a nuestro derecho a observar y documentar. Con el objetivo de amedrentarnos, nos amenazan y nos dan órdenes de que nos retiremos,” comentan desde Brigadas Vecinales. “Consideramos que los controles son ilegítimos porque son discriminatorios y afectan a la dignidad y a los derechos de la población migrante”, añaden.
Consecuencias en la vida de las personas
Los controles se realizan en espacios públicos y en lugares que parecen seleccionarse según las características étnicas de las personas que los frecuentan. Tienen graves consecuencias en la vida diaria de las personas, pues afectan a su libertad de circulación, provocando en ocasiones que las personas lleguen tarde al trabajo, o que tengan miedo a salir a la calle. En muchos casos, las personas son trasladadas a comisaría e ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), y finalmente son expulsadas sin evaluar su situación personal y sin considerar otros derechos, como su derecho a vivir en familia. Las autoridades deben evitar un uso abusivo de la petición de internamiento ya que el uso inadecuado de la detención interfiere con los derechos humanos fundamentales, cruciales para la protección de la dignidad inherente a las personas migrantes.
Los controles dificultan también la convivencia y a la integración social de las personas afectadas, y además tienen un impacto en el resto de la sociedad.“El uso de perfiles raciales aumenta la discriminación y el racismo entre la población. Cualquier intento serio de combatir el racismo y la xenofobia debe empezar por erradicar estos controles”, ha afirmado Lluc Sánchez, de SOS Racismo.
Peticiones
Las organizaciones firmantes pedimos a las autoridades:
El fin de los controles de identidad por el perfil étnico o racial.
Erradicar los cupos de detención de migrantes en situación irregular.
La publicación de estadísticas y datos sobre controles de identidad y detenciones, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en espacios públicos.
El fin de la intimidación de quienes observan y documentan pacíficamente los controles de identidad
No proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados, si no se dan los presupuestos legales para ello.
Considerar medidas alternativas a al internamiento en los CIEs.
La elaboración de un reglamento de los CIES, que garantice los derechos de las personas internas, a través de un proceso que tenga en cuenta la experiencia social y jurídica de organizaciones sociales.
El cese de la criminalización de las personas migrantes.
La puesta en marcha de medidas efectivas para luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Fuente: Amnesty International.
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