Los Jueces y "el Proceso".

por Luis Ammann (foto).

En la Argentina hablamos del “Proceso” para referirnos al “Proceso de reorganización nacional” -la dictadura militar entre 1976 y 1983- con la familiaridad conque los profesores de literatura hablan del libro de Franz Kafka o los cinéfilos de la obra dirigida por Orson Welles. Es que son 27 años escudriñando un sistema cruel y opresivo en busca de la verdad para encontrar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y aplicar la ley, una conducta que ellos omitieron -deliberadamente- para generar terror. Hubo un entramado social -empresarios, ruralistas, políticos- y judicial que les impidió a los ciudadanos en esos años saber -antes de morir- de qué se les acusaba y tener una defensa racional. Es inevitable la asociación con la escritura del genial checo o el clima que trasmiten las imágenes de O. W.
Pese a todo lo que se ha avanzado en materia de defensa de los Derechos Humanos hoy ya nadie duda que la justicia no alcanzará a la mayoría de los militares y civiles que participaron del terrorismo de estado: en la actualidad sólo hay 1500 acusados, entre ellos los que se convirtieron en íconos como Alfredo Astiz, Eduardo Massera, Jorge Videla, Luciano Menéndez, Antonio Bussi, Jorge Acosta…
Pero las prácticas terroristas fueron impulsadas desde el Estado usurpado e involucraron a cientos de Astiz, Massera, Menéndez, Bussi, Acosta… Entre ellos, uno que se involucraba personalmente en las operaciones: Luis Sarmiento, coronel que se desempeñó como jefe de inteligencia y ministro de gobierno en la provincia de Misiones, entre otros cargos. La prensa lo ha llamado “el mago de la picana” (elemento que produce descargas eléctricas y se aplica sobre las zonas sensibles del cuerpo. Sobre esto trata la película “Estado de Sitio” de Costa Gravas). Pero permaneció en un protegido segundo plano hasta que una víctima lo reconoció como quien la torturó y sometió a vejaciones. Más tarde se supo que también intervino en la detención y asesinato del estudiante Ángel Brandazza producida en Rosario, Santa Fe, en 1972, según denuncia el ex diputado Rubén Dunda.
Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/142376-45829-2010-03-20.html
El ex coronel fue reconocido y denunciado por María Graciela Franzen, detenida en 1976 y objeto de torturas en la Jefatura de Policía a órdenes de Sarmiento. Su hermano Raúl fue asesinado a fines de ese año en Maria Belén, un paraje chaqueño donde fusilaron a un grupo de cautivos. El desgano de algunos jueces por intervenir en crímenes de militares con quienes comparten ideología y su precario estado de salud habrían determinado que el ex coronel Sarmiento, denunciado en 2005, no fuera aún detenido.
La Procuración General de la Nación informó en estos días que el primer pedido de captura se realizó “en el último trimestre del 2006. En el transcurso del 2007, la fiscalía reiteró el pedido de detención e indagatoria”. En febrero y julio de 2008 insistió en reclamar el arresto, y finalmente, en febrero pasado, repitió el pedido con un recurso de “pronto despacho”, lo que recién se hizo efectivo el viernes 19 de marzo de 2010. En todos los casos, se optó por no detenerlo por “razones de salud”.
Luis Sarmiento es padre de la jueza María José Sarmiento quien falló en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una controversia por el uso de las reservas del Banco Central. Una medida que trajo dificultades y riesgos para la estabilidad institucional del país.
Ahora cuando la policía concurrió a hacer efectiva la detención del ex coronel en el departamento que comparten, la jueza -hija del torturador- salió a declarar que se siente insegura y que esa medida era una represalia de parte del gobierno por el fallo adverso que ella había producido. Más allá de la torpeza de la argumentación, la magistrado llamó la atención sobre las motivaciones de su accionar judicial y sobre una trasgresión que habría cometido al no abstenerse de intervenir por hostilidad manifiesta con el gobierno.
Florencio Randazzo, ministro del Interior, declaró el sábado que “la jueza Sarmiento ha faltado a la ética por no haberse excusado antes de emitir un fallo contra el gobierno, conociendo que el Estado es querellante en la causa de su padre por delito de lesa humanidad y eso demuestra intencionalidad en su fallo”.
La mendacidad de la jueza y su manifiesto apoyo a un militar acusado de graves delitos es un elemento que se suma a otros que se van conociendo y sostiene la tesis de la complicidad judicial -pasada y actual- con los crímenes de lesa humanidad.