El líder mapuche Héctor Llaitul denunció en una carta enviada desde la cárcel el trasfondo político del fallo judicial contra él y otros 3 comuneros. Los mapuches presos en Angol realizan una huelga de hambre desde el 15 de marzo.
El dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sostuvo que el juicio de Cañete forma parte de la estrategia de criminalización de la causa mapuche en Chile.
Indicó que tal estrategia tiene el fin de beneficiar al empresariado local y transnacional.
Y consideró que el propósito del Estado chileno es rebajar la lucha mapuche a actos supuestamente delictuales y terroristas. Añadió que con esto se busca "perseguir y reprimir indiscriminadamente la resistencia de los pueblos originarios contra el capitalismo depredador".
Llaitul señaló que por ello se aplica una norma tan aberrante como la Ley Antiterrorista, ante la cual el encausado queda enteramente desprotegido. Dijo que la aplicación intencional de la norma tiene como objetivo concreto buscar condenas.
Reiteró que eso es lo que busca el uso de los testigos sin rostro, el doble procesamiento civil y militar y los encubrimientos ligados a montajes político-policiales sostenidos por "fiscales antimapuche".
Finalmente, afirmó que él y sus hermanos de etnia sufrieron persecución política y fueron condenados políticamente por un tribunal bajo presión de los intereses empresariales.
Por otro lado, la defensora nacional, Paula Vial, rechazó el proceso que se lleva cabo con los comuneros mapuche.
Vial comentó que no existe evidencia en cuanto a la participación de los comuneros en los delitos que se les imputan y criticó el proceso judicial en contra de ellos.
Además, sostuvo que si bien no se aplicó la Ley Antiterrorista, la penalización corresponde a esta norma.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. (PÚLSAR/PL)
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