El Gobierno de Uruguay y la Suprema Corte de Justicia de ese país salieron al cruce de las presiones públicas de militares retirados. Respondieron a su reclamo de “hostigamiento” judicial por la citación a militares por crímenes durante la dictadura.
En un comunicado de 8 puntos, el Gobierno dejó claro que no admitirá "presiones, descalificaciones ni amenazas". Resaltó que "a ningún ciudadano se le admitirá no acatar lo resuelto" por la Justicia.
Por este motivo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, instó a los retirados a "cesar con esas actitudes".
Por otra parte, el nuevo presidente de la Corte, Leslie Von Rompaey, indicó que "los jueces de la República no van a ceder a amenazas, provengan de donde provengan".
Así respondieron los dos poderes a la carta del llamado Foro de Libertad y Concordia que reúne a militares retirados en Uruguay.
El grupo denunció el supuesto "hostigamiento" por parte de la Justicia de ese país. Pidió a las Fuerzas Armadas el apoyo ante esta situación.
La carta se conoció ante la citación de 30 militares que deberán responder por sus vínculos con crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay, entre 1973 y 1985.
El comunicado oficial aclaró que “no es admisible que se intente que las Fuerzas Armadas asuman la defensa de personas indagadas por diversos delitos”.
Además, el presidente uruguayo, José Mujica, se hizo presente este martes en la asunción del nuevo titular de la Suprma Corte. Fue en señal de respaldo al Poder Judicial.(PÚLSAR)
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