La semana pasada se aprobó en el Parlamento de Bélgica una nueva legislación que les impedirá reclamar ante la Justicia de ese país el cobro de deuda en default.
Según denunció el Deutsche Bank en una carta dirigida al juez de distrito Thomas Griesa, el acoso incluyó demandas abusivas de evidencia, filtraciones a la prensa de material confidencial y presentaciones inexactas ante el juzgado de Griesa.
La entidad adelantó que planea pedirle al juzgado una orden contra NML, una unidad de Elliott Management de Paul Singer, Aurelius capital y otros tenedores de deuda argentina en default.
“La verdadera motivación de los demandantes no es el descubrimiento de información relevante sino el acoso de intermediarios financieros”, señaló el abogado del banco, Phillippe Zimmerman, en la carta.
Según la agencia de noticias Bloomberg, los fondos buitre buscan información del Deutsche Bank sobre la colocación de 1.400 millones de dólares en Bonar 2024, que realizó Argentina en abril de este año.
Griesa supervisa las disputas entre Argentina y los tenedores de bonos que no ingresaron a la reestructuración de deuda, e impidió a la Argentina pagar su deuda reestructurada, a menos que pague también 1.700 millones de dólares al grupo de tenedores de bonos en default liderado por NLM y Aurelius.
Además, la orden de Griesa impide a la Argentina ofrecer deuda a través de operaciones bancarias en Nueva York.
Zimmerman dijo que se busca castigar a Deutsche Bank por hacer transacciones con Argentina y agregó que la sucursal del banco en Argentina hizo ofertas por el Bonar 2024, en nombre de los clientes de su sucursal en Londres.
El abogado dijo que NML deliberadamente mintió a Griesa al sostener que las unidades de Deutsche Bank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en Nueva York habían suscrito a 1.500 millones de dólares de los bonos, y también acusó a los fondos de cobertura de filtrar información que se ordenó que se le mantenga confidencial.
Los voceros de Elliott Management y de Aurelius declinaron hacer comentarios sobre la carta.
Según Bloomberg, NML y Aurelius señalaron a Griesa que sus demandas de evidencia eran para identificar activos argentinos que pueden ser objeto de juicios contra el país.
En tanto, la semana pasada el Parlamento belga aprobó una ley que establece que “cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o crédito sobre un Estado, sus derechos respecto del Estado deudor estarán limitados al precio que pagó por la recompra de dicho préstamo o crédito”.
“Independientemente de la legislación aplicable a la relación jurídica entre el acreedor y el Estado deudor, ningún título ejecutivo, así como ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa, podrán ser tomados a solicitud del acreedor para percibir el pago de la deuda en Bélgica si dicho pago le otorga una ventaja ilegítima conforme lo definido por la presente ley”, de acuerdo con la normativa.
La nueva ley está en línea con lo planteado por la Argentina ante los organismos internacionales, sobre mejorar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana en favor de los países.
Para la Cancillería argentina esta ley “se convierte en un antecedente que podrá ser replicado en otras jurisdicciones y que fortalecerá el trabajo en curso en el marco de las Naciones Unidas para la creación de un Marco Legal Multilateral para los Procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas, que este año se prevé conducirá a la aprobación de un conjunto de principios que deberán ser observados a futuro en el marco de las reestructuraciones de deudas soberanas”.
Antes de la flamante ley belga, sólo existían normas -en Londres y Bruselas- que ponen freno a los fondos buitre cuando el soberano emisor es un país de los denominados más pobres, o amenazados por una guerra.
Fuente: Télam
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