Los lineamientos consensuados en el comité ad hoc creado el año pasado y aprobados la víspera por Naciones Unidas buscan facilitar las negociaciones entre los estados con dificultad financiera y los acreedores, y restringir el accionar de los fondos buitre, destaca hoy el diario Página 12.
La iniciativa parte de una solicitud hecha en la Asamblea General del año pasado por el Grupo de los 77 más China (G-77 + China), proceso en que Argentina jugó un papel protagónico y cuyo conflicto con grupos financieros especulativos sirvió de base para lanzar la iniciativa.
Desde el Gobierno dijeron al periódico que se busca que "las negociaciones se completen con celeridad y eficiencia preservando los derechos de los acreedores al tiempo que promueven el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sustentable".
Igualmente, se trata de minimizar los costos sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y el respecto por los derechos humanos, añadieron.
Uno de los principios clave del proyecto radica en la extensión de los términos financieros de una renegociación al ciento por ciento de los acreedores cuando la propuesta sea aceptada por una mayoría calificada.
En el caso argentino, por ejemplo, la Casa Rosada logró negociar dos canjes de deuda en 2005 y 2010, a los que se acogió el 93 por ciento de sus acreedores.
En la convención internacional que se propone un acuerdo así será aplicado a todos los tenedores de bonos y deberá ser respetado por estos.
Otro de los lineamientos que enumera Página 12 descansa en la sustentabilidad de esos acuerdos para permitir a los países recuperar un sendero de crecimiento inclusivo y el respeto por la inmunidad soberana.
El documento que será sometido a votación en la Asamblea General de la ONU a mediados de septiembre representa un paso intermedio en la construcción del mecanismo legal internacional para llevar adelante reestructuraciones soberanas que impulsó Argentina a través del G-77 más China.
Los elementos planteados no serán vinculantes para gobiernos o tribunales en ningún país. Sin embargo, ofrecen una herramienta relevante para que los Estados con dificultades financieras sumen presión diplomática y política al momento de renegociar sus pasivos.
El objetivo de máxima es lograr la creación de un marco jurídico internacional.
El periódico recuerda que las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Desde 1950 se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo.
Sin embargo, no existen reglas globales para encontrar soluciones que garanticen la salida de los países de las trampas financieras, las acciones especulativas, y poder volver a crecer y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda.
El fracaso de la reestructuración que realizó Grecia en 2012 y la complicidad de los tribunales estadounidenses con el reclamo de un grupo de fondos buitre contra Argentina ofrecen dos ejemplos recientes, refiere el diario.
Fuente: Prensa Latina
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