La banca española anunció hoy la suspensión por dos años de los desalojos por falta de pago de las hipotecas en los casos extremos, ante la alarma social que desataron los suicidios como consecuencia de esta práctica bancaria masificada por la crisis.
En un comunicado, la Asociación Española de Banca (AEB) informó que “por razones humanitarias” y de “responsabilidad social” se compromete a “paralizar” los desalojos durante los próximos dos años “en los casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
El texto no dió más precisiones sobre cuáles eran esos casos y cómo se determinarían.
El compromiso fue “objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade.
De esta forma, la patronal bancaria aceptó la propuesta pactada de urgencia por el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se vieron desbordados por la presión social después de que el drama de los desalojos por impago hipotecario se cobró el viernes una nueva víctima por suicidio.
El caso de Amaia Egaña, una mujer de 53 años que se lanzó al vacío desde su departamento en la localidad vasca de Barakaldo, fue el segundo suicidio que trascendió en la prensa y la gota que rebalsó el vaso.
El Poder Ejecutivo se reunió de inmediato con la principal fuerza opositora para llegar a un acuerdo para frenar los desalojos después de que 400.000 familias perdieran sus viviendas en cuatro años.
La movilización ciudadana a través de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (APH) o Stop Desahucios fue clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por el desalojo, pero no habían conseguido aún forzar a los partidos a que modificaran la ley.
La entrada en escena de los jueces españoles, que emitieron un informe contundente que criticaba el procedimiento privilegiado y "extremadamente agresivo" que gozan los bancos en España para cobrar sus deudas, y los suicidios fueron, en cambio, un punto de inflexión.
Fuente: Télam
En un comunicado, la Asociación Española de Banca (AEB) informó que “por razones humanitarias” y de “responsabilidad social” se compromete a “paralizar” los desalojos durante los próximos dos años “en los casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
El texto no dió más precisiones sobre cuáles eran esos casos y cómo se determinarían.
El compromiso fue “objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade.
De esta forma, la patronal bancaria aceptó la propuesta pactada de urgencia por el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se vieron desbordados por la presión social después de que el drama de los desalojos por impago hipotecario se cobró el viernes una nueva víctima por suicidio.
El caso de Amaia Egaña, una mujer de 53 años que se lanzó al vacío desde su departamento en la localidad vasca de Barakaldo, fue el segundo suicidio que trascendió en la prensa y la gota que rebalsó el vaso.
El Poder Ejecutivo se reunió de inmediato con la principal fuerza opositora para llegar a un acuerdo para frenar los desalojos después de que 400.000 familias perdieran sus viviendas en cuatro años.
La movilización ciudadana a través de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (APH) o Stop Desahucios fue clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por el desalojo, pero no habían conseguido aún forzar a los partidos a que modificaran la ley.
La entrada en escena de los jueces españoles, que emitieron un informe contundente que criticaba el procedimiento privilegiado y "extremadamente agresivo" que gozan los bancos en España para cobrar sus deudas, y los suicidios fueron, en cambio, un punto de inflexión.
Fuente: Télam
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