Lima, 7 abr (PL). El reglamento de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas peruanos sobre decisiones que afecten a sus territorios, motiva reclamos de organizaciones de nativos y campesinos y augurios de conflictos sociales.
Las críticas a ese documento, aprobado el 3 de abril, que pone en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se centran en reclamar que los resultados de la consulta sean vinculantes, pues el texto establece que la decisión final la toma el Estado.
Otro tema cuestionado es la limitación de la consulta a los afectados directamente por decisiones oficiales o proyectos empresariales, principalmente mineros y petroleros, y no a las regiones indirectamente afectadas.
También hay rechazo a las normas que restringen la consulta solo a pueblos indígenas considerados por fuentes académicas como "puros" y que reconozca el gobierno, así como descarta a comunidades con elementos de mestizaje.
El presidente Ollanta Humala ha asegurado que el reglamento permitirá mejorar el clima social, garantizará la protección de los derechos de las comunidades indígenas y aportará para que el país trabaje en paz.
La mayoría de los conflictos sociales son motivados por el rechazo de las comunidades a proyectos mineros y petroleros que afectan al medio ambiente.
Los principales cuestionamientos los planteó la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que anunció una campaña de recolección de firmas para que se declare inconstitucional la Ley de Consulta y se anule.
Al aprobarse en septiembre de 2011 la ley recién reglamentada, Aidesep pidió modificar varios artículos para una consulta efectiva, por la que en años anteriores libró grandes movilizaciones con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.
Demandó principalmente que sea ineludible el consentimiento de las comunidades nativas cuando se trata de grandes proyectos, depósito de relaves tóxicos o desplazamientos poblacionales.
También, afirma, deben someterse al consentimiento otras situaciones que afecten la supervivencia de los nativos o su derecho a un medio ambiente equilibrado.
Aidesep exige que se sometan a consulta las decisiones estatales -como las concesiones mineras y petroleras- que afectaron decisiones indígenas desde 1995, cuando Perú firmó el Convenio 169 de la OIT y no las que se planteen en adelante, como establece el reglamento.
Según la central amazónica, el reglamento no fue concertado con las organizaciones que representan a diez millones de indígenas ni ha recogido sus planteamientos expresados en un diálogo previo.
En las antípodas, la Confederación de Empresarios aplaudió el reglamento por considerar que permitirá superar controversias, es decir conflictos sociales, y destacó el hecho que el Estado tenga la última palabra.
El parlamentario oficialista indígena Eduardo Nayap comentó que el texto ayudará a evitar conflictos sociales y cree que es perfectible con cambios que determine la experiencia para contribuir al desarrollo sostenible.
Los nativos,añadió, rechazan que se afecte "la vida, la salud de los seres humanos, de la naturaleza, de todo el ecosistema", lo cual implica evitar actividades extractivas como la minería contaminadora de los ríos que por siglos han permitido vivir a las comunidades.
El dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP) Lorenzo Ccapa, quien participó en el proceso de diálogo previo al reglamento, criticó el hecho que la consulta no tenga efecto obligatorio.
El hecho que el gobierno puede aceptar o no lo que decidan los nativos, "genera desconfianza y seguramente va a provocar más conflictos en zonas petroleras, gasíferas y mineras. Para qué hacemos una consulta si no es vinculante", se preguntó.
Una veintena de comunicadores quechuas de Argentina, Bolivia, Chile y el Perú, reunidos en un taller en Lima, pidieron cambiar ese punto del reglamento por considerar que apunta "a legitimar la intervención de las empresas extractivas en territorios indígenas".
Fuente: Prensa Latina.
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